En resumen: En España, técnicamente los fallecidos no tienen “derecho al olvido”, porque la normativa de protección de datos (el RGPD y la LOPDGDD) no se aplica a las personas fallecidas. Lo que existe es un derecho de los familiares, allegados y herederos a solicitar el acceso, la rectificación o la supresión de los datos del difunto, regulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). A ello se suma el testamento digital (artículo 96), que permite gestionar sus cuentas y contenidos en redes sociales y servicios de internet. Aquí te explicamos quién puede pedirlo, cómo hacerlo y qué límites existen

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Cuando fallece un ser querido, su presencia digital no desaparece con él: perfiles en redes sociales, cuentas de correo, fotos en la nube, resultados en buscadores. Para muchas familias, gestionar ese rastro —conservarlo, protegerlo o borrarlo— se convierte en una necesidad práctica y emocional. La ley española da herramientas para ello, aunque conviene entender bien cómo funcionan, porque el punto de partida sorprende a mucha gente.

Por qué un fallecido no tiene “derecho al olvido”

Aunque se hable coloquialmente del “derecho al olvido de los fallecidos”, jurídicamente esa expresión no es exacta. La razón está en el propio ámbito de la normativa de protección de datos:

• El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en su considerando 27, deja claro que no se aplica a los datos de personas fallecidas.
• La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), en su artículo 2.2, confirma que tampoco se aplica al tratamiento de datos de fallecidos.

Los derechos de protección de datos —incluido el derecho al olvido— son derechos personalísimos: se extinguen con la muerte de su titular. Un fallecido, por tanto, no puede ejercerlos ni ser titular de ellos.

Entonces, ¿por qué sí se pueden borrar sus datos? Porque el legislador español, aunque excluyó a los fallecidos del régimen general, creó una vía específica para que sus allegados puedan actuar. Es una figura propia de la ley española, distinta del derecho al olvido de las personas vivas.

Los fallecidos no tienen derecho al olvido. Lo que tienen sus familiares es el derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos.

Quién puede solicitarlo: el artículo 3 de la LOPDGDD

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018 establece quién puede dirigirse a las empresas o entidades que tratan los datos del fallecido para pedir acceso, rectificación o supresión:

• Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho.
• Sus herederos.
• Las personas o instituciones que el propio fallecido hubiera designado expresamente en vida para ello, que actuarán conforme a las instrucciones recibidas.

En el caso de que el fallecido fuera menor de edad o persona con discapacidad, estos derechos pueden ejercerlos sus padres, representantes legales o el Ministerio Fiscal.

Para ejercerlo, quien lo solicite normalmente deberá acreditar su vínculo con el fallecido (libro de familia, certificado de defunción, condición de heredero) ante la empresa o entidad correspondiente.

Los límites: cuándo NO se puede

El derecho de los allegados no es absoluto. El artículo 3 fija una excepción importante: no se podrá acceder a los datos del fallecido, ni pedir su rectificación o supresión, cuando:

• El fallecido lo hubiera prohibido expresamente en vida (por ejemplo, mediante testamento, declaración ante notario u otro instrumento válido), o
• Una ley lo impida.

Existe una salvedad relevante: esa prohibición no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del fallecido, que siempre pueden consultar por su interés económico y sucesorio.

Cuando no hay instrucciones del fallecido, la ley entiende que los familiares deben actuar de buena fe y en interés del difunto, procurando respetar lo que razonablemente habría sido su voluntad.

El testamento digital: cuentas y redes sociales

Junto al artículo 3, la LOPDGDD regula en su artículo 96 el llamado testamento digital, que se ocupa específicamente del “rastro” en internet: cuentas de redes sociales, servicios de correo, plataformas y contenidos digitales.

Según este artículo, las personas vinculadas al fallecido o sus herederos pueden dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información (redes sociales como Facebook o Instagram, servicios de correo, plataformas de almacenamiento) para:

• Acceder a los contenidos del fallecido.
• Dar instrucciones sobre su uso, destino o eliminación.

De nuevo, el fallecido puede haber dejado instrucciones en vida sobre qué hacer con sus cuentas, y esas instrucciones prevalecen. Además, la ley prevé que estos servicios ofrezcan herramientas para que el usuario configure en vida qué pasará con su cuenta.

El artículo 3 mira a los datos personales; el artículo 96, a las cuentas y contenidos digitales. Son complementarios.

Cómo actuar en la práctica

Los pasos generales para gestionar el rastro digital de un familiar fallecido:

• Reúne la documentación que acredite tu vínculo: certificado de defunción y prueba de la relación familiar o de heredero.
• Identifica las cuentas y servicios del fallecido (redes sociales, correo, banca online, plataformas).
• Usa los canales específicos de cada plataforma. Las grandes redes tienen procedimientos propios para cuentas de personas fallecidas (por ejemplo, convertir un perfil en conmemorativo o eliminarlo).
• Dirígete al responsable del tratamiento invocando el artículo 3 (datos personales) o el artículo 96 (cuentas y contenidos) de la LOPDGDD.
• Si la empresa no responde o rechaza la solicitud sin base, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Los buscadores: un caso particular

Muchas familias quieren que ciertos resultados sobre el fallecido dejen de aparecer en Google u otros buscadores. Un buscador es un responsable del tratamiento más, por lo que los allegados pueden dirigirle su solicitud invocando el artículo 3 de la LOPDGDD. En la práctica, sin embargo, este terreno es más matizado que el de una red social o un servicio concreto: el clásico “derecho al olvido” frente a buscadores se construyó pensando en personas vivas, y su traslado a los fallecidos se valora caso por caso, ponderando la solicitud con el interés público en la información. Si el buscador no responde o rechaza la petición sin base suficiente, cabe reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Preguntas frecuentes

¿Tiene una persona fallecida derecho al olvido? No en sentido técnico. Los derechos de protección de datos se extinguen con la muerte. Lo que existe es el derecho de los familiares, allegados y herederos a solicitar acceso, rectificación o supresión de los datos del fallecido, según el artículo 3 de la LOPDGDD.

¿Quién puede pedir que se borren los datos de un familiar fallecido? Las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, los herederos, y quien el fallecido hubiera designado expresamente. Para menores o personas con discapacidad, sus representantes o el Ministerio Fiscal.

¿Qué documentación necesito? Normalmente, el certificado de defunción y una prueba de tu vínculo con el fallecido o de tu condición de heredero. Cada empresa puede pedir acreditación adicional.

¿Puedo borrar el perfil de Facebook o Instagram de un familiar fallecido? Sí. Las plataformas tienen procedimientos propios para cuentas de fallecidos (eliminación o conversión en cuenta conmemorativa), y la LOPDGDD ampara la solicitud a través del testamento digital del artículo 96.

¿Y si el fallecido no quería que se tocaran sus datos? Si lo prohibió expresamente en vida, los familiares no pueden acceder, rectificar ni suprimir sus datos, salvo los de carácter patrimonial, a los que los herederos siempre pueden acceder.

¿Puedo pedir que Google deje de mostrar resultados sobre un fallecido? Sí, puedes solicitarlo al buscador invocando el artículo 3 de la LOPDGDD, ya que es un responsable del tratamiento. Es un terreno que se valora caso por caso, ponderando la petición con el interés público en la información. Si no hay respuesta o la rechazan sin base, cabe reclamar ante la AEPD.

¿Qué es el testamento digital? Es la figura del artículo 96 de la LOPDGDD que permite a los allegados gestionar las cuentas, contenidos y presencia en internet de una persona fallecida, respetando las instrucciones que esta hubiera dejado.

¿Dónde reclamo si una empresa no atiende mi solicitud? Ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es la autoridad competente en esta materia.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La gestión de datos de personas fallecidas depende de las circunstancias de cada caso y de los procedimientos de cada plataforma. Para tu situación concreta, consulta las fuentes oficiales enlazadas, la Agencia Española de Protección de Datos o a un profesional.

En resumen: El testamento vital —legalmente, documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas— permite a cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, dejar por escrito qué cuidados y tratamientos médicos quiere o no quiere recibir cuando ya no pueda expresarse, y qué destino desea para su cuerpo u órganos tras fallecer. Está regulado en el artículo 11 de la Ley 41/2002. Puede otorgarse ante notario, ante personal del registro autonómico o ante tres testigos, y conviene inscribirlo en el registro de tu comunidad, que se conecta con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Ojo: no es un testamento de herencia, son dos documentos distintos. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Decidir hoy qué tratamientos querrías recibir el día que no puedas hablar por ti mismo es uno de los actos de autonomía más importantes que existen. El testamento vital es la herramienta legal para hacerlo, y sin embargo sigue rodeado de confusión: mucha gente lo mezcla con el testamento de herencia, no sabe cómo se hace o cree que hace falta un abogado.

Este artículo aclara qué es exactamente, qué puedes incluir, cómo se formaliza y cómo se registra, con la normativa oficial en la mano.

Qué es el testamento vital (y sus muchos nombres)

El “testamento vital” es el nombre popular de un documento que la ley llama instrucciones previas, y que en algunas comunidades se conoce como voluntades anticipadas, voluntad vital anticipada o voluntades previas. Todos se refieren a lo mismo.

Lo define el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente: el documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad, para que se cumpla cuando llegue a una situación en la que no pueda expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez fallecida, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos.

Puede además designarse a un representante, una persona de confianza que actúe como interlocutor con el equipo médico para velar por el cumplimiento de esa voluntad.

El testamento vital cuida de tu salud y tu cuerpo. El testamento de herencia, de tu patrimonio. No son lo mismo.

Testamento vital vs testamento de herencia: no los confundas

Esta es la confusión más extendida, y conviene despejarla de entrada:

Son documentos distintos y complementarios: puedes (y en muchos casos conviene) tener los dos. Uno protege tu voluntad médica; el otro, tu herencia.

Qué puedes incluir en el documento

El contenido lo decides tú, pero suele girar en torno a estos apartados:

• Cuidados y tratamientos que aceptas o rechazas ante una enfermedad grave, incurable o incapacitante: soporte vital (reanimación, ventilación mecánica), limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos, sedación.
• La prestación de ayuda para morir (eutanasia), regulada por la Ley Orgánica 3/2021. Dejarla prevista en el documento es la única vía para que pueda aplicarse si llegas a una situación en la que no puedas expresarte: nunca puede solicitarse por los familiares ni por el representante, solo procede si el propio otorgante la previó de forma expresa, libre y consciente mientras tenía capacidad.
• El destino de tu cuerpo tras el fallecimiento: entierro, incineración, donación del cuerpo a la ciencia.
• La donación de órganos.
• La designación de un representante que hable por ti ante los médicos.

Hay un límite importante: no se pueden tener en cuenta voluntades contrarias al ordenamiento jurídico ni a la buena práctica clínica, ni las que no se correspondan con la situación clínica realmente producida. En esos casos, el equipo médico lo hace constar de forma razonada en la historia clínica.

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Cómo se formaliza: las tres vías

Para que el documento sea válido debe constar por escrito y formalizarse por uno de estos procedimientos (que varían ligeramente según la comunidad autónoma):

• Ante notario. No necesitas testigos: la fe pública del notario da validez al documento. Tiene un coste económico.
• Ante el personal del registro autonómico, en las unidades administrativas habilitadas de la sanidad de tu comunidad. Suele ser gratuito.
• Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar. Con carácter general, al menos dos de ellos no pueden tener relación de parentesco hasta el segundo grado, ni estar vinculados por matrimonio o relación análoga, ni por relación laboral, patrimonial o de servicio con quien otorga el documento. Este requisito varía según la comunidad autónoma: algunas amplían el parentesco hasta el tercer grado (como Castilla-La Mancha) y otras, como Cataluña, no exigen requisitos de parentesco a los testigos. Conviene consultar la normativa de tu comunidad.

Muchas comunidades ofrecen modelos oficiales que puedes descargar y rellenar antes de acudir a formalizarlo.

El registro: por qué es tan importante inscribirlo

Puedes tener el mejor testamento vital del mundo, pero si el equipo médico que te atiende no sabe que existe, no servirá de nada. Por eso el registro es la pieza clave.

Cada comunidad autónoma tiene su Registro de Instrucciones Previas (o de Voluntades Anticipadas). Al inscribir allí tu documento, este se comunica al Registro Nacional de Instrucciones Previas, creado por el Real Decreto 124/2007 y adscrito al Ministerio de Sanidad. Así, cualquier médico de cualquier punto de España puede consultar tu voluntad cuando la necesite.

Un matiz jurídico importante que suele pasarse por alto: la inscripción es recomendable pero no obligatoria para la validez del documento, con una excepción. En Andalucía, la inscripción en el registro es requisito de eficacia. En el resto de comunidades, el documento es válido aunque no se inscriba, pero inscribirlo es la única forma de garantizar que se conozca a tiempo.

Conviene saber, además, que el registro asegura sobre todo el cumplimiento de las instrucciones sanitarias. Las voluntades sobre otras materias —el destino del cuerpo o la forma de enterramiento— van dirigidas a los familiares u otros organismos, por lo que conviene comunicarlas también a las personas de confianza, no solo dejarlas inscritas.

Un testamento vital que nadie encuentra no sirve de nada. Inscribirlo en el registro es lo que lo hace realmente eficaz.

Se puede modificar y revocar siempre

Tu voluntad no queda congelada. El documento de instrucciones previas puede modificarse, ampliarse o revocarse libremente en cualquier momento, siempre que conserves la capacidad para hacerlo. Basta con otorgar un nuevo documento y comunicarlo al registro. Conviene revisarlo cada cierto tiempo para que siga reflejando lo que de verdad quieres.

Preguntas frecuentes

¿Es lo mismo el testamento vital que el testamento de herencia? No. El testamento vital regula tus cuidados médicos y el destino de tu cuerpo; el de herencia reparte tus bienes. Son documentos distintos y complementarios, y puedes tener los dos.

¿Necesito un abogado o un notario para hacerlo? No es obligatorio. Puedes formalizarlo ante notario, pero también ante el personal del registro autonómico (normalmente gratis) o ante tres testigos. La vía notarial da fe pública pero tiene coste.

¿Tengo que inscribirlo en un registro? Es muy recomendable, porque es lo que permite que los médicos conozcan tu voluntad. En casi toda España no es obligatorio para su validez, salvo en Andalucía, donde la inscripción es requisito de eficacia.

¿Puedo incluir la eutanasia en el testamento vital? Sí, y de hecho es la única forma de que pueda aplicarse si pierdes la capacidad de expresarte. La prestación de ayuda para morir (Ley Orgánica 3/2021) nunca puede pedirla un familiar ni el representante en tu lugar: solo procede si tú mismo la dejaste prevista de forma expresa, libre y consciente.

¿Puedo cambiar de opinión después? Sí. El documento puede modificarse o revocarse libremente en cualquier momento mientras conserves la capacidad para hacerlo.

¿Quién puede hacer un testamento vital? Cualquier persona mayor de edad, capaz y libre. No hace falta estar enfermo: de hecho, lo ideal es otorgarlo estando sano.

¿Qué pasa si mis instrucciones no se pueden cumplir? No se aplican las voluntades contrarias a la ley o a la buena práctica clínica, ni las que no encajen con la situación médica real. El equipo sanitario lo hace constar de forma razonada en la historia clínica.

¿Sirve mi testamento vital en toda España? Sí, si está inscrito. El Registro Nacional de Instrucciones Previas conecta los registros autonómicos para que tu voluntad sea accesible en todo el territorio.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico ni médico. Los requisitos y modelos concretos varían según la comunidad autónoma. Para formalizar tu documento, consulta las fuentes oficiales enlazadas, el registro de instrucciones previas de tu comunidad o a un profesional.

En resumen: En España, las sanciones por dopaje las impone el Comité Sancionador Antidopaje, un órgano de la CELAD (Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte), conforme a la Ley Orgánica 11/2021 y su reglamento. Las sanciones llegan hasta cuatro años de suspensión (o más en casos graves o reincidencia) y se rigen por el principio de responsabilidad objetiva: puedes ser sancionado aunque no hubiera intención. Un punto clave que muchos confunden: la resolución del Comité pone fin a la vía administrativa, por lo que se recurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante el TAD. Aquí te explicamos el procedimiento completo, los plazos y cómo defenderte.

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Recibir una notificación de un resultado analítico adverso es una de las situaciones más angustiosas para cualquier deportista, profesional o aficionado federado. El sistema antidopaje español es exigente, rápido y con garantías distintas a las del derecho sancionador común. Entender cómo funciona es la única forma de defenderse con posibilidades.

Este artículo explica, con la normativa vigente en la mano, qué ocurre desde el control hasta la sanción y qué vías tienes para recurrir.

Qué normativa se aplica (y por qué importa la fecha)

La norma vigente es la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, desarrollada por el Real Decreto 792/2023, de 24 de octubre.

Conviene advertirlo de entrada porque mucha información en internet está desactualizada: numerosas páginas siguen citando la Ley Orgánica 3/2013 y la antigua AEPSAD. Esa norma y ese organismo han quedado superados. Hoy:

• La ley aplicable es la LO 11/2021.
• El organismo competente es la CELAD, no la AEPSAD.
• Los expedientes los resuelve un órgano específico: el Comité Sancionador Antidopaje.

Todo el sistema está armonizado con el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo que explica algunas de sus particularidades más duras.

Si un artículo sobre dopaje te habla de la AEPSAD o de la ley de 2013, está desactualizado. La referencia hoy es la LO 11/2021 y la CELAD.

El principio que lo cambia todo: responsabilidad objetiva

Antes de ver el procedimiento hay que entender el principio que rige el dopaje y que lo diferencia del derecho penal o del sancionador común: la responsabilidad objetiva.

Significa que cada deportista es responsable de la sustancia que aparece en su organismo, con independencia de que haya existido intención o negligencia. No hace falta que la CELAD demuestre que quisiste doparte: basta con que la sustancia prohibida esté presente en tu muestra.

Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes:

• La carga de justificar cómo llegó la sustancia recae, en gran medida, sobre el deportista.
• Excusas como “no sabía que el suplemento la contenía” no eliminan la infracción, aunque pueden reducir la sanción si se acredita ausencia de culpa significativa.
• Por eso la máxima del antidopaje es que el deportista responde de todo lo que ingiere, incluidos suplementos y medicamentos.

Es un sistema deliberadamente estricto, pensado para que sea eficaz, y es la razón por la que tantas sanciones se mantienen pese a que el deportista alegue buena fe.

Qué se considera infracción

El artículo 20 de la LO 11/2021 recoge las infracciones. Las más habituales son:

• La presencia de una sustancia prohibida en la muestra del deportista.
• El uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido.
• La evasión, rechazo o incomparecencia a un control sin justificación.
• El incumplimiento de la obligación de localización (los famosos “paraderos” o whereabouts): tres fallos en un periodo determinado equivalen a una infracción.
• La manipulación de cualquier fase del control.
• La posesión, tráfico o administración de sustancias o métodos prohibidos.

No hace falta competir al máximo nivel: la normativa alcanza a cualquier persona con licencia deportiva sujeta a controles.

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El procedimiento paso a paso

El itinerario, desde el control hasta la sanción, sigue estas fases:

• Control y análisis. Se recoge la muestra (dividida en muestra A y muestra B) y se analiza en un laboratorio acreditado.
• Resultado analítico adverso. Si la muestra A da positivo, se notifica al deportista.
• Análisis de la muestra B. La muestra se divide en dos (A y B). Si la A da positivo, el deportista es informado y tiene derecho a estar presente en la apertura y análisis de la muestra B, que sirve para confirmar o descartar el resultado. Es una garantía esencial del procedimiento.
• Apertura de expediente sancionador, con designación de instructor.
• Alegaciones y prueba. El deportista puede presentar alegaciones, documentación y pruebas en su descargo.
• Resolución del Comité Sancionador Antidopaje, que impone o descarta la sanción.

Una particularidad relevante: las resoluciones sancionadoras en dopaje tienen ejecutividad inmediata, en línea con el Código Mundial Antidopaje. Esto significa que la sanción puede empezar a aplicarse aunque se recurra, salvo que el órgano competente acuerde suspenderla.

Cuánto duran las sanciones

Las sanciones del artículo 21 varían según la gravedad, el tipo de sustancia y las circunstancias:

Además, cuando el deportista obtiene ingresos por su actividad, pueden imponerse multas (de 3.001 a 12.000 euros en las infracciones más comunes, y hasta 100.000 o más en casos de tráfico). Durante la suspensión, el deportista no puede competir ni participar en actividades organizadas bajo la estructura federativa, y pierde el apoyo económico público. La determinación exacta depende de un análisis técnico de cada caso.

Las infracciones prescriben a los diez años (artículo 33).

Cómo recurrir: el itinerario correcto

Aquí está el punto que más se confunde, incluso en fuentes especializadas. En la disciplina deportiva ordinaria, el recurso final en vía administrativa suele ser el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Pero en materia de dopaje el circuito es distinto.

Según el reglamento de desarrollo (RD 792/2023), la resolución del Comité Sancionador Antidopaje pone fin a la vía administrativa. Por tanto:

• Contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción competente.
• Con carácter potestativo, puede presentarse antes un recurso de reposición ante el propio Comité Sancionador Antidopaje, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.
• Para deportistas de nivel internacional o en competiciones internacionales, puede entrar en juego el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS) de Lausana, según las normas de la federación internacional correspondiente.

Es decir: en dopaje no se recurre al TAD como paso ordinario. Confundir ambos circuitos puede hacer perder plazos y derechos, así que es un error que conviene evitar.

En dopaje, la resolución del Comité Sancionador Antidopaje agota la vía administrativa: el siguiente paso es el contencioso-administrativo, no el TAD.

La Autorización de Uso Terapéutico (AUT)

Un deportista que necesite un medicamento que contenga una sustancia prohibida puede solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUT), que le permite usarlo legalmente por motivos médicos. Se tramita ante el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico (CAUT).

Es la vía preventiva por excelencia: obtener la AUT antes del control evita el problema de raíz. Las resoluciones del CAUT tienen su propio régimen de recursos, distinto del sancionador.

Preguntas frecuentes

¿Quién impone las sanciones por dopaje en España? El Comité Sancionador Antidopaje, órgano de la CELAD, conforme a la Ley Orgánica 11/2021. No la AEPSAD, que era el organismo de la normativa anterior.

¿Pueden sancionarme aunque no supiera que tomaba una sustancia prohibida? Sí. Rige el principio de responsabilidad objetiva: el deportista responde de lo que hay en su organismo. La falta de intención puede reducir la sanción, pero no elimina automáticamente la infracción.

¿Cuánto puede durar una sanción? Con carácter general hasta cuatro años de suspensión, con reducciones si se acredita ausencia de culpa y agravaciones en casos de reincidencia o conductas graves.

¿Puedo pedir que se analice una segunda muestra? Sí. La muestra se divide en A y B. Si la A da positivo, tienes derecho a estar presente en la apertura y análisis de la muestra B, que confirma o descarta el resultado. Es una garantía fundamental del procedimiento.

¿Ante quién recurro una sanción por dopaje? La resolución del Comité Sancionador Antidopaje pone fin a la vía administrativa, así que se recurre en vía contencioso-administrativa (con recurso de reposición potestativo previo). En dopaje no se acude al TAD como paso ordinario.

¿La sanción se aplica aunque recurra? Puede aplicarse, porque las resoluciones tienen ejecutividad inmediata, salvo que el órgano que conozca del recurso acuerde suspenderla.

¿Qué es una Autorización de Uso Terapéutico? Es un permiso para usar un medicamento con una sustancia prohibida por motivos médicos justificados. Se solicita ante el CAUT y conviene obtenerla antes del control.

¿Además de la suspensión, puedo recibir una multa? Sí, si obtienes ingresos por tu actividad deportiva. La ley prevé multas que van de 3.001 a 12.000 euros en las infracciones más habituales, y cuantías muy superiores en casos de tráfico o administración de sustancias.

¿Me afecta esto si soy deportista aficionado? Sí, si tienes licencia deportiva y estás sujeto a controles. La normativa antidopaje no se limita a la élite profesional, aunque prevé sanciones más proporcionadas para el deportista aficionado.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. El régimen antidopaje es técnico y su aplicación depende de las circunstancias de cada caso y del tipo de sustancia. Para una situación concreta, consulta la normativa oficial enlazada, la sede electrónica de la CELAD o a un profesional colegiado.

En resumen: Desde el 28 de diciembre de 2025 está en vigor la Ley 10/2025, la primera ley que regula en España los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y de los servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono, banca, transporte). Te da derechos concretos: que un bot no pueda ser el único que te atienda, que el 95 % de las llamadas se cojan en menos de 3 minutos, que no te cuelguen por esperar mucho, que te resuelvan las quejas en un máximo de 15 días hábiles (5 días si es un cobro indebido) y que un corte de luz o agua te lo respondan en 2 horas. Las empresas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptarse. Aquí te explicamos, punto por punto, qué puedes exigir ya y cómo reclamar si no lo cumplen.

Llamar al servicio de atención al cliente de una gran empresa ha sido durante años sinónimo de lo mismo: un contestador que te pasea por diez menús, una espera eterna con música de hilo, y un bot que no entiende lo que necesitas. Eso tiene ahora un límite legal.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, es la primera norma en España que fija reglas mínimas obligatorias para esos servicios. No es una recomendación ni un código de buenas prácticas: es una ley, y su incumplimiento se sanciona como una infracción en materia de consumo.

En esta guía te contamos lo único que de verdad te importa como consumidor: qué derechos tienes desde ahora, a qué empresas puedes exigírselos, y qué hacer cuando no los respetan.

Qué es esta ley y desde cuándo se aplica

La Ley 10/2025 se publicó en el BOE el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 28 de diciembre de 2025. Su objetivo, según su artículo 1, es fijar unos niveles mínimos de calidad obligatorios para los servicios de atención al cliente.

Hay un matiz importante que conviene entender bien, porque genera confusión. La ley ya está en vigor, pero da a las empresas un plazo de doce meses para adaptarse, que vence el 28 de diciembre de 2026 (disposición transitoria única). Es decir: los derechos existen desde ya, pero la exigencia plena a todas las empresas obligadas se consolida a lo largo de 2026. Muchas grandes compañías ya están adaptando sus sistemas

A qué empresas puedes exigirle esto

Aquí está la primera clave que casi nadie explica con claridad, y que marca la diferencia entre poder reclamar o no: esta ley no se aplica a todas las empresas. Solo a dos grupos.

Esto significa, en la práctica, que si tienes un problema con tu compañía de la luz, tu banco, tu operador de móvil o una aerolínea, esta ley te protege siempre. Y si es con una gran cadena o una gran empresa online, también. Pero la pequeña tienda de barrio o la pyme quedan fuera de esta ley concreta (aunque sigues protegido por la ley general de consumidores).

A los servicios básicos —luz, agua, gas, teléfono, banca, transporte— se les exige cumplir esta ley aunque sean pequeñas. Con el resto, la ley solo alcanza a las grandes.

Tu derecho a que te atienda una persona

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Es, probablemente, el derecho más celebrado de toda la ley. El artículo 8 lo dice sin rodeos: se prohíbe usar contestadores automáticos o bots como único medio de atención.

Puedes usar el bot si quieres, pero en cualquier momento de la conversación —desde el principio— tienes derecho a pedir hablar con una persona física, y la empresa debe ofrecerte esa opción en el menú principal. Esa persona, además, tiene que identificarse al inicio de la conversación.

No es una atención de segunda: la ley exige que sea un operador real que te contesta en tiempo real. El bot deja de ser la barrera para convertirse, como mucho, en un primer filtro que tú puedes saltarte cuando quieras.

Los plazos que ahora son obligatorios

Aquí están los números que convierten esta ley en algo tangible. No son orientativos: son los mínimos que la empresa debe cumplir.

Y hay dos prohibiciones expresas que te protegen durante la propia llamada (artículo 8):

• No pueden colgarte por llevar mucho tiempo esperando. La empresa no puede cortar la comunicación por un tiempo de espera elevado.
• Si no estás conforme con quien te atiende, puedes pedir que te pasen a un supervisor o al departamento de calidad, y deben atenderte en esa misma comunicación (o llamarte ese mismo día laborable si no es posible en el momento).

Que no te cojan el teléfono en un tiempo razonable, o que te cuelguen por esperar, ha dejado de ser una molestia inevitable: ahora es un incumplimiento legal.

Se acabaron los teléfonos que te cuestan dinero

Otro abuso clásico con los días contados. El artículo 10 establece que usar el servicio de atención al cliente no puede costarte más que una llamada normal a un fijo o un móvil estándar.

Y va más allá: se prohíbe derivar un teléfono gratuito a un número de pago. Ese truco de ofrecerte un 900 gratuito que luego te transfiere a un 902 que te cobra por minuto queda expresamente prohibido. La ley lo dice claro: el servicio de atención al cliente no puede generar ingresos a la empresa a tu costa, ni directos ni indirectos.

Una constancia por escrito de tu reclamación

Cuántas veces has reclamado y luego “no consta”. Eso también cambia. El artículo 12 te da derecho a un justificante de tu consulta, queja, reclamación o incidencia, con su contenido, fecha y hora, en un soporte duradero (papel, correo electrónico, lo que elijas).

Además (artículo 11), la empresa debe darte una clave identificativa con la que puedas seguir el estado de tu reclamación en todo momento. Y si haces la gestión por teléfono y das tu consentimiento, la empresa debe grabar la llamada y decirte cómo acceder a esa grabación.

Un detalle que juega a tu favor y que conviene subrayar: el artículo 4.7 impone que la carga de la prueba del cumplimiento de la ley recae en la empresa, no en ti. Si dicen que te avisaron, que te resolvieron o que cumplieron el plazo, son ellos quienes tienen que demostrarlo.

No pueden cortarte el servicio mientras reclamas

Especialmente relevante en luz, agua, gas o telecomunicaciones. Si presentas una reclamación relacionada con el motivo por el que quieren cortarte el servicio, la empresa no puede suspenderte el suministro mientras no te dé una respuesta expresa y motivada (artículo 4.4). La única excepción es que mantener el servicio ponga en riesgo la seguridad de personas o cosas.

Otros derechos nuevos que trae la ley

La Ley 10/2025 no se queda en la atención telefónica. De paso, modifica otras leyes para reforzar tu posición como consumidor en tres frentes que te suenan:

• Reseñas más fiables. Se obliga a las empresas a garantizar que las reseñas publicadas son de personas que realmente compraron o usaron el producto. El objetivo es cortar las reseñas falsas y compradas.
• El precio completo desde el principio. Ya no podrán enseñarte un precio e ir sumando “gastos de gestión” al final del proceso. Debes conocer el precio total, con todos sus componentes, desde el inicio. Esto afecta de lleno a la compra de entradas, billetes y servicios online.
• Ofertas personalizadas transparentes. Si te llega una oferta individualizada elaborada por un sistema automático, tienen que informarte de los parámetros que han usado para personalizarla. No hacerlo pasa a ser una práctica desleal.

Un aviso importante: qué NO hace esta ley

Circula mucho la idea de que esta ley “acaba con las llamadas comerciales spam”. Conviene ser precisos, porque no es exactamente así. El fin de las llamadas comerciales no deseadas no lo regula esta ley, sino la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa. Lo que la Ley 10/2025 hace en este terreno es actuar sobre los números de tarificación y sobre el bloqueo del tráfico telefónico irregular.

Dicho de otro modo: esta ley mejora radicalmente cómo te atienden cuando tú llamas, pero no es la norma que persigue las llamadas que te hacen a ti para venderte cosas. Te lo aclaramos para que sepas exactamente qué puedes exigir con cada norma.

Qué hacer si una empresa no cumple

Si una de las empresas obligadas incumple estos derechos, no te quedas sin recorrido. El incumplimiento de esta ley constituye una infracción en materia de consumo (artículo 23), sancionable por las autoridades competentes conforme a la ley general de consumidores y a la normativa autonómica.

Estos son los pasos, de menor a mayor:

1. Reclama primero a la propia empresa y guarda el justificante y la clave identificativa que están obligados a darte. Es la base de todo lo demás.
2. Si no responde en plazo o la respuesta no te satisface, presenta una hoja de reclamaciones o acude a un sistema de resolución extrajudicial de conflictos de consumo.
3. Denuncia ante el organismo de consumo de tu comunidad autónoma, que es quien puede sancionar a la empresa.
4. Para servicios financieros, la vía específica es el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros, según el caso.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo puedo exigir estos derechos? La ley está en vigor desde el 28 de diciembre de 2025. Las empresas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptarse por completo, pero muchos derechos ya son exigibles y las grandes compañías están adaptando sus sistemas durante 2026.

¿Se aplica a la tienda pequeña de mi barrio? No, salvo que preste un servicio básico (luz, agua, gas, teléfono, banca, transporte). Para el resto de sectores, la ley solo obliga a las grandes empresas: 250 o más trabajadores, o más de 50 millones de facturación, o más de 43 millones de balance. Las pymes quedan fuera de esta ley concreta, aunque siguen sujetas a la ley general de consumidores.

¿Pueden atenderme solo con un bot o un contestador? No. Está prohibido que un sistema automático sea el único medio de atención. Tienes derecho a pedir hablar con una persona en cualquier momento, y esa persona debe identificarse.

¿En cuánto tiempo tienen que resolver mi reclamación? Como máximo en 15 días hábiles con carácter general. Si es una queja por facturación o cobros indebidos, en 5 días. Y una incidencia sobre un corte de suministro básico, en 2 horas.

¿Pueden cobrarme por llamar al servicio de atención al cliente? No más que una llamada normal a un fijo o móvil. Y está prohibido derivar un número gratuito a uno de pago.

¿Pueden cortarme la luz o el teléfono mientras tengo una reclamación abierta? No, si la reclamación está relacionada con el motivo del corte, mientras no te den una respuesta expresa y motivada. La excepción es que haya riesgo para la seguridad.

¿Tengo que demostrar yo que la empresa no cumplió? No. La ley pone la carga de la prueba en la empresa: es ella quien debe demostrar que cumplió con sus obligaciones.

¿Esta ley acaba con las llamadas spam de publicidad? No directamente. Esa cuestión la regula la normativa de telecomunicaciones, no esta ley. La Ley 10/2025 mejora la atención cuando eres tú quien contacta con la empresa.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La aplicación concreta de la Ley 10/2025 puede depender de la normativa sectorial de cada servicio y de la normativa autonómica de consumo. Para tu caso concreto, consulta las fuentes oficiales enlazadas o a un profesional colegiado.

En resumen: Verifactu es el sistema de la Agencia Tributaria que obliga a que el software de facturación genere facturas seguras, trazables e imposibles de manipular. Tras dos aplazamientos, el calendario definitivo es: 1 de enero de 2027 para sociedades (Impuesto sobre Sociedades) y 1 de julio de 2027 para autónomos y demás obligados. No es un impuesto ni una nueva declaración: es un requisito técnico para tu programa de facturación, con un régimen sancionador serio (hasta 50.000 € por ejercicio para quien use software no conforme). Aquí te explicamos qué cambia, a quién afecta, qué debe llevar tu factura y por qué conviene no esperar al último trimestre de 2026.

Pocos temas fiscales han generado tanta confusión reciente como Verifactu. Buena parte se debe a las fechas: el calendario se ha aplazado dos veces, y a día de hoy siguen circulando artículos con plazos de 2026 que ya no son válidos. Este artículo parte de la información oficial de la Agencia Tributaria vigente a 2026 para darte las fechas correctas y explicarte, sin tecnicismos, qué tienes que hacer.

Qué es Verifactu exactamente

Verifactu es el nombre popular de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) verificables. En términos sencillos: una serie de requisitos que cualquier programa que uses para facturar debe cumplir para garantizar que las facturas no se puedan borrar ni alterar sin dejar rastro.

Conviene aclarar de entrada lo que no es:

• No es un impuesto ni una nueva obligación de declarar.
• No es un software concreto que tengas que comprar a Hacienda. Es un estándar que tu programa habitual debe cumplir.
• No es lo mismo que la factura electrónica obligatoria (la de la Ley Crea y Crece). Son dos cosas distintas, con normas y calendarios diferentes, que suelen confundirse.

Su objetivo es acabar con el llamado software de doble uso —programas que permitían llevar una caja B o borrar ventas— dentro de la estrategia de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal.

Verifactu no cambia lo que declaras. Cambia cómo tu programa guarda cada factura: de forma sellada e inalterable.

El calendario definitivo (tras dos aplazamientos)

Aquí está el punto donde más gente se equivoca. El calendario original preveía 2025 y 2026, pero el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre aplazó las fechas de obligatoriedad, confirmadas después por la nota informativa de la Agencia Tributaria. El calendario vigente es:

El periodo previo a esas fechas es un periodo de pruebas: puedes empezar a emitir facturas verificables de forma voluntaria para comprobar que tu software funciona antes de que la obligación sea plena. No hay, por ahora, ninguna prórroga adicional publicada en el BOE.

Un matiz que conviene tener presente: aunque tu fecha límite general sea 2027, si inicias una actividad, cambias de programa o adquieres un software de facturación nuevo después del 29 de julio de 2025, ese sistema ya debe estar adaptado a Verifactu desde el primer momento. Dicho de otro modo: el margen hasta 2027 es para migrar lo que ya tenías, no para comprar hoy un programa que no cumpla.

A quién afecta y quién queda fuera

El ámbito es muy amplio: en la práctica, cualquier empresario o profesional que emita facturas con un programa informático está obligado. Da igual que uses un ERP completo, una app en la nube o una hoja de cálculo avanzada: si procesa y conserva datos de facturación, entra.

Ahora bien, hay colectivos que quedan fuera del Reglamento Verifactu:

• Contribuyentes acogidos al SII (Suministro Inmediato de Información del IVA), porque ya informan sus facturas casi en tiempo real por otra vía.
• Autónomos en módulos (estimación objetiva) y en recargo de equivalencia, en los términos del reglamento.
• País Vasco y Navarra, que tienen sus propios sistemas (TicketBAI y Batuz).

Un matiz importante para autónomos: quien factura de forma exclusivamente manual (en papel, sin ningún software) queda técnicamente fuera, pero en la práctica es una situación cada vez más residual.

Qué debe llevar tu factura a partir de la fecha

Cuando Verifactu sea obligatorio para tu colectivo, cada factura emitida con software —completa o simplificada (ticket)— deberá cumplir estos requisitos técnicos:

• Un registro con huella electrónica (hash) que encadena cada factura con la anterior, de modo que cualquier alteración deje rastro.
• Un código QR que permite al receptor verificar la factura ante la Agencia Tributaria. Debe ser visible y ajustarse a las especificaciones técnicas de la Orden HAC/1177/2024 (norma ISO/IEC 18004).
• Una leyenda identificativa cuando proceda (“Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o “VERI*FACTU”).

Lo importante es que tu programa lo haga de forma automática. No tienes que generar tú nada manualmente: el software conforme se encarga.

Verifactu o “no Verifactu”: las dos modalidades

Una confusión frecuente: se puede cumplir la norma de dos maneras, y ambas son igual de válidas.

• Modalidad Verifactu (envío en tiempo real): el software remite automáticamente cada registro de facturación a la Agencia Tributaria en el momento de emitirlo.
• Modalidad No Verifactu (conservación local): el software no envía nada de forma automática, pero debe guardar los registros de forma inalterable, encadenada y a disposición de Hacienda si los requiere.

Elegir la modalidad “no Verifactu” no significa incumplir: significa que conservas los registros localmente bajo un régimen técnicamente más exigente. Ambas opciones exigen un software adaptado y ambas generan el código QR; la diferencia visible es que solo la modalidad Verifactu añade la leyenda identificativa “VERI*FACTU” y remite los registros a Hacienda de forma automática.

No estás obligado a enviar tus facturas a Hacienda en tiempo real. Sí estás obligado a que tu software sea inalterable y verificable.

El régimen sancionador: por qué no conviene esperar

Aunque la obligación de uso llega en 2027, el régimen sancionador ya está definido en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, introducido por la Ley Antifraude. Las cuantías son disuasorias:

La sanción de 50.000 € por ejercicio al usuario se aplica por la mera tenencia de un sistema que deba estar certificado y no lo esté; es decir, no hace falta que hayas ocultado ingresos. Por eso la recomendación general es clara: no dejarlo para el último trimestre de 2026, cuando la demanda de adaptación de software se concentrará y pueden aparecer cuellos de botella.

Qué hacer ahora para llegar preparado

Aunque falten meses, hay pasos sencillos que conviene dar ya:

• Pregunta a tu proveedor de software si su programa está adaptado al RD 1007/2023 y pídele por escrito la declaración responsable de cumplimiento.
• Abandona Excel o Word como herramienta de facturación si los usas: no cumplen los requisitos desde el momento en que la norma entra en vigor para tu colectivo.
• Elige la modalidad (Verifactu o no Verifactu) que mejor encaje con tu forma de trabajar.
• Aprovecha el periodo de pruebas para emitir alguna factura verificable y comprobar que el QR funciona antes de la fecha límite.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es obligatorio Verifactu? Desde el 1 de enero de 2027 para sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para autónomos y demás obligados. Los fabricantes de software están obligados desde el 29 de julio de 2025.

¿Verifactu es un impuesto nuevo? No. Es un requisito técnico para el software de facturación. No cambia qué impuestos pagas ni qué declaraciones presentas.

¿Tengo que enviar mis facturas a Hacienda en tiempo real? Solo si eliges la modalidad Verifactu. La modalidad “no Verifactu” te permite conservar los registros localmente de forma inalterable, sin envío automático. Ambas cumplen la norma.

Soy autónomo y facturo con Excel, ¿me sirve? No, una vez la norma sea obligatoria para autónomos (1 de julio de 2027). Excel y Word no cumplen los requisitos de inalterabilidad y encadenamiento. Necesitarás un software de facturación adaptado.

¿Qué pasa si uso un programa no adaptado? La tenencia o uso de software no certificado, cuando deba estarlo, puede sancionarse con 50.000 € por ejercicio (artículo 201 bis de la Ley General Tributaria).

¿Verifactu es lo mismo que la factura electrónica obligatoria? No. Son dos obligaciones distintas. Verifactu regula cómo debe comportarse tu software; la factura electrónica B2B (Ley Crea y Crece) regula el formato y el envío de facturas entre empresas, y tiene su propio calendario.

¿Estoy en el SII, me afecta Verifactu? No. Los contribuyentes acogidos al SII quedan fuera del Reglamento Verifactu, porque ya informan sus facturas casi en tiempo real por esa vía.

¿Y si estoy en módulos? Los autónomos en estimación objetiva (módulos) y en recargo de equivalencia quedan fuera del reglamento, en los términos que este establece.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento fiscal ni jurídico. El calendario y los requisitos de Verifactu pueden sufrir modificaciones normativas. Para tu caso concreto, consulta las fuentes oficiales enlazadas, la sede electrónica de la Agencia Tributaria o a un profesional colegiado.

Carpeta Justicia es el espacio personal online del Ministerio de Justicia que permite a cualquier ciudadano consultar sus expedientes judiciales, recibir notificaciones, pedir certificados y pagar tasas judiciales las 24 horas, los 365 días del año. Funciona con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, es gratuita y está disponible como web y como app móvil. En 2026 supera los 700.000 usuarios y ya cubre cerca del 45% de la población española, ampliándose de forma continua a nuevas comunidades.

Durante años, enterarse de en qué punto estaba un procedimiento judicial obligaba a desplazarse al juzgado, llamar por teléfono o depender de un abogado o procurador. Carpeta Justicia nació para cambiar eso: es la ventanilla digital única del sistema público de justicia en España, donde cada persona puede seguir sus asuntos desde el móvil o el ordenador.

En esta guía te explicamos qué es exactamente, qué puedes hacer con ella hoy, cómo acceder paso a paso, en qué territorios funciona ya y qué novedades están previstas próximamente.

Desde el móvil se puede consultar Carpeta Justicia

Qué es Carpeta Justicia

Carpeta Justicia es un espacio personal en línea que facilita la relación con el servicio público de Justicia. A través de este portal, la ciudadanía, las empresas y los profesionales del derecho pueden acceder a los servicios de la Administración de Justicia a cualquier hora, todos los días del año.

Es una iniciativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). Su objetivo es convertirse en el punto único donde consultar toda la información y documentación relacionada con tus procedimientos judiciales, sin importar en qué juzgado se tramiten.

El acceso es público y gratuito. No hace falta autorización previa: basta con identificarse electrónicamente. Además de la web, existe una aplicación móvil oficial descargable en Google Play y en la App Store, que supera ya las 68.000 descargas.

Carpeta Justicia funciona 24 horas al día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

A quién va dirigida

La plataforma está pensada para tres grandes colectivos:

Inicialmente, las primeras versiones se orientaron sobre todo a abogados y procuradores. Progresivamente se han ido activando los servicios para personas físicas, que son los que más interesan al ciudadano de a pie. La adopción entre profesionales es ya muy alta: más de un tercio de los profesionales en activo la utilizan, con especial penetración entre procuradores.

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Qué servicios ofrece

Aquí está el corazón de la plataforma. Los servicios se agrupan en cuatro grandes bloques.

Consulta de expedientes judiciales

Este es el uso principal para el ciudadano. Desde Carpeta Justicia puedes consultar:

• Apoderamientos: el poder que otorgas a un profesional (abogado, procurador o graduado social) para que te represente en un asunto judicial.
• Expediente judicial electrónico: el conjunto ordenado de documentos, trámites, actuaciones y grabaciones audiovisuales de tu procedimiento. Se accede a través del visor oficial del expediente (ATENEA IRIS).
• Edictos y resoluciones asociadas: cuando han intentado notificarte sin éxito, el aviso se publica en el Tablón Edictal Judicial Único, dentro del Boletín Oficial del Estado.
• Señalamientos: el día y la hora de celebración de juicios, vistas o comparecencias.
• Notificaciones judiciales: los actos de comunicación que te informan de una resolución o actuación de un procedimiento en el que estás implicado.

Consultar el estado de un expediente es especialmente útil cuando la Administración se retrasa: si un procedimiento lleva demasiado tiempo sin resolverse, conviene saber cómo funciona el silencio administrativo y qué plazos tienes para actuar. Y si el trámite que sigues es judicial y no puedes costear un abogado, recuerda que existe la justicia gratuita.

Certificados oficiales

Puedes solicitar la generación telemática de varios certificados sin acudir presencialmente:

Pago de tasas y depósitos judiciales

Carpeta Justicia permite realizar ingresos a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales mediante tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria. Para el ciudadano, el servicio es gratuito y sin comisiones.

Los profesionales del derecho pueden además consultar movimientos y solicitar acceso a las cuentas asociadas a los procedimientos en los que intervienen.

Resumen y anonimización de documentos con IA

Una de las funciones más innovadoras. La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten:

• Resumir un documento judicial en lenguaje sencillo, comprensible para cualquier persona sin conocimientos jurídicos.
• Resumir sentencias y autos, combinando los párrafos más relevantes.
• Anonimizar documentos, eliminando los datos personales que contengan.

El objetivo declarado del Ministerio con estos servicios de IA es reducir barreras y acercar la justicia a quienes no disponen de medios para acceder a este tipo de tecnología.

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Cómo acceder paso a paso

Para entrar en Carpeta Justicia necesitas identificarte electrónicamente. El sistema utiliza Cl@ve, el mecanismo común de identificación con las Administraciones Públicas.

1. Entra en el portal carpeta.justicia.es o abre la app móvil.
2. Pulsa en “Accede a Carpeta Justicia”.
3. Identifícate con uno de estos métodos:
   • DNI electrónico (necesitas un lector compatible).
   • Certificado digital reconocido (por ejemplo, el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
   • Cl@ve Móvil o Cl@ve Permanente (sistema de claves concertadas).
4. Accede a los servicios: una vez dentro, verás tus expedientes, notificaciones, señalamientos y el resto de trámites disponibles según tu territorio.

Si aún no tienes Cl@ve, puedes registrarte de forma presencial, por videollamada, mediante carta de invitación o con certificado electrónico. Toda la información sobre el sistema está en el portal oficial clave.gob.es.

Sin Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico no es posible acceder: la identificación segura es obligatoria por la sensibilidad de los datos.

Dónde funciona ya

Aquí está la principal limitación a día de hoy: el despliegue de Carpeta Justicia es gradual, territorio por territorio, y no todos los servicios están disponibles en todas las comunidades.

A lo largo de 2026 la cobertura se ha ampliado con rapidez. La plataforma ya opera en las comunidades sin competencias transferidas en Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), y también en la Comunidad de Madrid, Cantabria, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia, entre otras. La Comunidad de Madrid fue la primera comunidad con competencias transferidas en incorporarse, y Galicia se activó el 30 de abril de 2026. En conjunto, la plataforma da cobertura a cerca del 45% de la población española, y el Ministerio prevé activarla próximamente en más comunidades.

La consulta del expediente judicial electrónico para personas físicas es más restringida y depende de que cada órgano judicial la tenga activada. Por eso, lo recomendable es entrar y comprobar directamente qué servicios están operativos en tu caso concreto, ya que la cobertura crece de forma continua.

Carpeta Justicia en cifras

Los datos publicados por el Ministerio en 2026 reflejan una adopción acelerada:

Marco legal y qué se espera próximamente

Carpeta Justicia no es un proyecto aislado, sino la pieza central de la transformación digital de la justicia española. Su base normativa arranca con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que aprobó las primeras medidas de eficiencia digital, y se consolida con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la norma vigente que generaliza el expediente judicial electrónico en todos los procedimientos y refuerza la consulta remota por parte de ciudadanos y profesionales.

Esta reforma impulsa un cambio de paradigma en el Expediente Judicial Electrónico: pasar de una justicia orientada al documento a una orientada al dato, lo que permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, siempre con respeto pleno a las leyes procesales. La misma ley crea las Oficinas de Justicia en los municipios (que sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz) y los Tribunales de Instancia, en un esfuerzo por acercar la justicia y evitar desplazamientos.

En el plano tecnológico, en 2026 el Ministerio anunció que Carpeta Justicia se ha desplegado sobre una plataforma de experiencia digital abierta (Liferay DXP), pensada para unificar los sistemas históricamente fragmentados de las distintas comunidades e ir incorporando funcionalidades de forma evolutiva.

Entre las novedades previstas y en desarrollo destacan:

• Cl@ve Justicia: un sistema propio de identificación y firma para actuaciones judiciales, incluidas las comparecencias por videoconferencia.
• Mayor interoperabilidad entre órganos judiciales y fiscales, con intercambio ágil de documentos electrónicos.
• Ampliación progresiva de la cobertura territorial hasta cubrir todo el Estado y todas las jurisdicciones.
• Nuevos servicios de IA derivados del enfoque de dato abierto, ampliando las herramientas de resumen y anonimización.

El impulso a la plataforma se mantiene en la agenda del Gobierno: en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia de julio de 2026 se informó de los avances en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal y en la implantación de Carpeta Justicia, en paralelo al anuncio de la mayor ampliación histórica de la carrera judicial y fiscal.

Además, el Ministerio celebra sesiones periódicas con usuarios reales (abogados, procuradores, graduados sociales y colectivos como el CERMI o la ONCE) para detectar errores y mejorar la accesibilidad de la herramienta antes de generalizarla.

El objetivo final es que Carpeta Justicia sea el punto único desde el que cualquier persona gestione toda su relación con la justicia, sin desplazamientos ni papeleo.

Ventajas y limitaciones actuales

Preguntas frecuentes

¿Carpeta Justicia es gratuita? Sí. El acceso y el uso son gratuitos. Incluso el pago de tasas y depósitos judiciales mediante tarjeta se realiza sin comisiones para el ciudadano.

¿Necesito un abogado para usarla? No. Cualquier persona física puede acceder por sí misma a sus propios asuntos. Los profesionales tienen funciones adicionales, pero el ciudadano puede consultar sus expedientes y notificaciones directamente.

¿Cómo me identifico si no tengo certificado digital? Puedes usar Cl@ve Móvil o Cl@ve Permanente, que son sistemas de claves concertadas. Para obtenerlos debes registrarte previamente en Cl@ve, algo que puede hacerse por videollamada, presencialmente o con carta de invitación.

¿Puedo consultar cualquier expediente judicial? Solo aquellos en los que eres parte o persona interesada. Además, la consulta del expediente judicial electrónico depende de que el órgano judicial correspondiente tenga activado el servicio para personas físicas.

¿Funciona en toda España? Todavía no de forma completa. Está en despliegue gradual y cubre cerca del 45% de la población. La disponibilidad varía según la comunidad autónoma y el tipo de servicio. Lo mejor es entrar y comprobar qué está operativo en tu caso.

¿Hay aplicación móvil? Sí. Existe una app oficial de Carpeta Justicia disponible tanto en Google Play (Android) como en la App Store (iOS), con más de 68.000 descargas.

¿Qué diferencia hay entre Carpeta Justicia y la Carpeta Ciudadana del Estado? La Carpeta Ciudadana es un servicio general de la Administración del Estado. Carpeta Justicia está especializada exclusivamente en la Administración de Justicia: expedientes judiciales, notificaciones, señalamientos y trámites propios del ámbito judicial.

¿Es segura para mis datos? El acceso exige identificación electrónica reconocida (Cl@ve, certificado o DNI electrónico) precisamente por la sensibilidad de la información judicial, y la normativa establece protocolos de protección de datos y seguridad frente a ciberataques.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La disponibilidad de servicios y la cobertura territorial de Carpeta Justicia se amplían de forma continua; verifica siempre la información en el portal oficial. Fuentes: Carpeta Justicia — Ministerio de Justicia, Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, Sistema Cl@ve.

Resumen rápido El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables. En 2026, gracias a la prórroga del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, los descuentos extraordinarios se mantienen: 42,5% para el consumidor vulnerable y 57,5% para el vulnerable severo, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Los hogares en riesgo de exclusión social no pagan factura (100%) y tienen prohibido el corte de suministro. Para pedirlo necesitas tener la tarifa regulada PVPC con una comercializadora de referencia, potencia contratada ≤ 10 kW, que sea tu vivienda habitual y cumplir los requisitos de renta según el IPREM. La solicitud es gratuita y se tramita con tu comercializadora.

Más de 1,7 millones de hogares se beneficiaron del bono social en 2025. Si tus ingresos son bajos, eres pensionista, familia numerosa o tienes alguna circunstancia especial, es muy posible que tengas derecho. Aquí te explicamos quién puede pedirlo, cuánto se ahorra y cómo solicitarlo paso a paso.

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Qué es el bono social eléctrico

El bono social es un descuento porcentual sobre el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa regulada de la luz) destinado a proteger a los consumidores domésticos más vulnerables frente al coste de la electricidad.

No es una ayuda que se ingrese: es un descuento que la comercializadora aplica directamente en cada factura. Se regula en el Real Decreto 897/2017, que define las categorías de consumidor y los requisitos.

Cuánto se descuenta en 2026

Los porcentajes actuales son extraordinarios: se aprobaron durante la crisis energética y se han ido prorrogando. La última prórroga, mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, los mantiene durante todo el año.

*Salvo nueva prórroga, a partir del 1 de enero de 2027 volverían los descuentos ordinarios.

El descuento se aplica sobre los términos de energía y potencia del PVPC, pero existe un límite máximo anual de energía con derecho a descuento. La energía que se consuma por encima de ese límite se factura al precio normal del PVPC, sin rebaja.

El ahorro real para un hogar puede situarse, según el consumo, entre 350 y 480 euros al año.

Requisitos generales para pedirlo

Para acceder al bono social, con independencia de tu situación de renta, debes cumplir estas condiciones:

Si estás en el mercado libre, primero tendrás que cambiarte al PVPC con una comercializadora de referencia (COR). El cambio es gratuito y sin penalización.

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Quién tiene derecho: las vías de acceso

Hay varias formas de cumplir el requisito de vulnerabilidad. Basta con encajar en una de ellas.

Por nivel de renta (IPREM)

El umbral se calcula sobre el IPREM de 14 pagas, que en 2026 es de 8.400 euros anuales. Para ser consumidor vulnerable, la renta de la unidad de convivencia no puede superar:

El multiplicador sube 0,3 × IPREM por cada adulto adicional y 0,5 × IPREM por cada menor de la unidad de convivencia. Para ser vulnerable severo, la renta debe ser igual o inferior al 50% de esos umbrales.

Por circunstancias especiales

Los límites de renta se amplían en 1 × IPREM adicional si en la unidad de convivencia concurre alguna de estas situaciones: discapacidad reconocida ≥ 33%, dependencia de Grado II o III, condición de víctima de violencia de género o de terrorismo, o tratarse de una familia monoparental.

Familia numerosa

El título de familia numerosa da acceso al bono social como consumidor vulnerable. (Conviene saber que el Gobierno ha estudiado introducir un tope de renta para este colectivo, que por ahora entra sin límite de ingresos.)

Pensionistas

Quienes perciban una pensión mínima (por jubilación o incapacidad permanente) pueden acceder en condiciones específicas. Si además concurren discapacidad, dependencia o violencia de género, pueden alcanzar la categoría de vulnerable severo.

Riesgo de exclusión social

Es la categoría más protegida. Se da cuando un consumidor vulnerable severo está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que abonan al menos el 50% de su factura. En ese caso, no paga la factura y no se le puede cortar el suministro.

Cómo solicitarlo paso a paso

El trámite es gratuito y se realiza directamente con tu comercializadora de referencia. Estos son los pasos:

1. Comprueba que tienes el PVPC. Si estás en el mercado libre, cámbiate primero a una comercializadora de referencia (es gratis).
2. Reúne la documentación: DNI/NIE del titular y de los miembros de la unidad de convivencia, certificado de empadronamiento que acredite la convivencia, y el modelo de solicitud firmado por todos los mayores de edad. Según tu vía de acceso, añade el título de familia numerosa, el certificado de discapacidad o dependencia, etc.
3. Presenta la solicitud a tu comercializadora de referencia, por su web, correo electrónico o los canales que indique.
4. Espera la resolución. La comercializadora debe resolver en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que recibe la documentación completa.

Para verificar tu renta, la Administración cruza los datos con la Agencia Tributaria, por lo que se comprueba automáticamente que cumples los umbrales.

Cuánto dura y cómo se renueva

El bono social tiene una duración de dos años. Desde la reforma del Real Decreto 897/2017, la renovación es automática: con dos meses de antelación al vencimiento, tu comercializadora de referencia comprueba por sí misma si sigues cumpliendo los requisitos y, en caso afirmativo, lo prorroga otros dos años sin que tengas que hacer ningún trámite. Te lo comunicará en la factura.

La excepción son las familias numerosas: mantienen el bono mientras conserven el título oficial, sin renovación bianual.

Estás obligado a comunicar a la comercializadora, en el plazo de un mes, cualquier cambio que suponga perder la condición de vulnerable (cambios de ingresos, nacimientos, defunciones, divorcios). Si no lo notificas y dejas de cumplir los requisitos, podrían refacturarte los descuentos aplicados de más.

Ten en cuenta también que el bono está vinculado al punto de suministro (CUPS): si te mudas, no se traslada automáticamente y debes solicitarlo de nuevo en la vivienda nueva.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que estar en una compañía concreta? Debes tener el PVPC con una comercializadora de referencia (COR). Solo estas están obligadas por ley a ofrecer el bono social. Si tu compañía actual no es COR, tendrás que cambiarte a una designada.

¿Puedo pedirlo si tengo deudas con la compañía? Sí. El cambio a PVPC y la solicitud del bono son posibles aunque tengas deudas previas, si bien la deuda anterior seguirá siendo reclamable.

¿Me pueden cortar la luz si tengo el bono social? A los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social se les ha prohibido el corte de suministro hasta el 31 de diciembre de 2026. También hay protección reforzada cuando en la vivienda residen menores de 16 años o personas con dependencia grado II/III o discapacidad ≥ 33%.

¿El bono social térmico se pide aparte? No. El bono social térmico (ayuda anual para calefacción y agua caliente) se concede automáticamente a quienes ya tienen el bono social eléctrico. No requiere solicitud adicional.

¿Qué pasa si gasto más electricidad de la cubierta? El descuento se aplica hasta un límite máximo anual de energía. El consumo que supere ese límite se factura al precio del PVPC sin descuento, pero el suministro no se corta por ese motivo.

¿Cuánto se tarda en resolver la solicitud? La comercializadora dispone de 15 días hábiles desde que recibe toda la documentación correctamente para comunicarte la resolución.

¿Tengo que renovarlo cada dos años? No tienes que hacer el trámite tú. La renovación es automática: la comercializadora comprueba con dos meses de antelación si sigues cumpliendo los requisitos y, si es así, lo prorroga. Solo las familias numerosas dependen de la vigencia de su título. Si te mudas, sí debes solicitarlo de nuevo.

¿Desde cuándo se aplica el descuento? El bono social se devenga desde el primer día del ciclo de facturación en el que la comercializadora recibe la solicitud completa con la documentación necesaria.

Aviso legal: Esta información tiene carácter divulgativo y orientativo. No constituye asesoramiento jurídico ni profesional. Los porcentajes, umbrales y plazos pueden variar por cambios normativos; verifica siempre los datos actualizados en las fuentes oficiales (MITECO y CNMC) antes de realizar cualquier trámite.

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Resumen rápido La legítima es la parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados familiares, llamados herederos forzosos. El testador no puede saltársela. Si lo hace —o si las donaciones en vida la reducen— los perjudicados tienen derecho a reclamarla judicialmente, con un plazo de prescripción de 30 años.

Cuando alguien fallece y deja testamento, su libertad para repartir los bienes no es ilimitada. La ley española reserva una parte del patrimonio a los parientes más cercanos con independencia de lo que diga el testamento. Esa parte es la legítima hereditaria.

Es uno de los conceptos que más conflictos genera en las herencias: hay quien cree que puede dejarlo todo a uno de sus hijos, o a una fundación, o a su pareja. Puede hacerlo, pero solo con la parte que la ley le deja libre. El resto está blindado.

Esta guía explica quiénes son los herederos forzosos, cuánto les corresponde exactamente y qué hacer cuando el testamento o las donaciones en vida han vulnerado la legítima.

Qué es la legítima hereditaria

El artículo 806 del Código Civil la define con precisión: la legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos.

En la práctica, significa que una parte del patrimonio del fallecido está reservada por ley a ciertos familiares, independientemente de lo que diga el testamento —o de que no haya testamento—. El testador puede decidir libremente sobre el resto, pero no sobre la legítima.

Quiénes son los herederos forzosos

El artículo 807 del Código Civil establece un orden de prelación claro:

1. Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Son los principales beneficiarios de la legítima.
2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.
3. El cónyuge viudo, en la forma y medida que establece el Código Civil (en usufructo, no en propiedad).

Importante: las parejas de hecho no son herederas forzosas según el Código Civil estatal. Solo pueden recibir lo que el fallecido les deje expresamente en testamento, dentro del tercio de libre disposición —si hay descendientes— o de los dos tercios libres —si hay ascendientes—. Algunos derechos forales sí reconocen derechos al conviviente.

Los tres tercios de la herencia

Para entender la legítima hay que conocer cómo divide la ley el caudal hereditario cuando hay hijos o descendientes. El artículo 808 del Código Civil establece tres partes iguales:

Los dos primeros tercios —legítima estricta y mejora— forman juntos la legítima amplia (2/3 del total). Ninguno de los dos puede ir a personas ajenas a los descendientes. Solo el tercio de libre disposición es verdaderamente libre.

💡 Ejemplo práctico: un padre fallece con un patrimonio neto de 300.000 € y tres hijos. La legítima estricta (1/3 = 100.000 €) debe repartirse a partes iguales: 33.333 € por hijo. El tercio de mejora (100.000 €) puede concentrarlo en uno solo. El tercio libre (100.000 €) puede dejárselo a quien quiera.

La legítima cuando no hay hijos: ascendientes

Si el fallecido no tiene hijos ni descendientes, pero sí padres o ascendientes, la legítima cambia. El artículo 809 del Código Civil establece que la legítima de los padres o ascendientes es la mitad del haber hereditario de sus hijos.

Esa mitad se reduce a un tercio cuando concurren con el cónyuge viudo del causante.

En este caso no existe el tercio de mejora —es una figura exclusiva de la línea descendente—, por lo que la herencia se divide solo en dos partes: la legítima de los ascendientes y el resto de libre disposición.

La legítima del cónyuge viudo

El cónyuge supérstite es siempre heredero forzoso, pero su legítima no es en propiedad sino en usufructo: tiene derecho al uso y disfrute de una parte de los bienes, mientras que la propiedad de esos bienes pertenece a los demás herederos.

La cuota del usufructo varía según con quién concurra:

El derecho al usufructo viudal se pierde si los cónyuges estaban separados legalmente o de hecho en el momento del fallecimiento (art. 834 CC). Sí se recupera si hubo reconciliación notificada al juzgado (art. 835 CC).

Los herederos pueden acordar sustituir ese usufructo por una renta vitalicia, un capital en efectivo u otros bienes, con el consentimiento del viudo (artículo 839 CC).

Cómo se calcula la legítima: la fórmula del artículo 818

El Código Civil no calcula la legítima solo sobre los bienes que quedan al morir. El artículo 818 establece una fórmula en dos pasos:

Paso 1 — Caudal relicto: valor de los bienes en el momento del fallecimiento, menos las deudas y cargas (sin contar las impuestas en testamento).

Paso 2 — Suma de donaciones colacionables: al caudal relicto se añade el valor de las donaciones que el fallecido hizo en vida a los herederos forzosos (donaciones colacionables).

Caudal computable = bienes − deudas + donaciones colacionables

Sobre ese total se calculan los porcentajes. Esta regla es fundamental: evita que el testador vacíe el patrimonio en vida mediante donaciones para dejar a los legitimarios sin nada.

Donaciones inoficiosas: cuando las donaciones en vida perjudican la legítima

Si el fallecido hizo donaciones en vida —a hijos, a terceros, a su pareja— que, sumadas al resto del patrimonio, reducen la legítima de los herederos forzosos por debajo de su cuota legal, esas donaciones se consideran inoficiosas y pueden reclamarse.

El artículo 820 del Código Civil establece el orden de reducción:

1. Primero se reducen los legados del testamento, empezando por los de libre disposición.
2. Si no es suficiente, se reducen las donaciones, empezando por la más reciente.

La acción para reclamar la reducción de donaciones inoficiosas tiene un plazo de prescripción de 30 años desde la apertura de la sucesión (fallecimiento del causante).

Qué hacer si el testamento vulnera la legítima

Cuando el testamento deja a un heredero forzoso menos de lo que le corresponde por ley, o lo excluye directamente sin causa legal de desheredación, ese heredero puede actuar:

1. Acción de complemento de legítima (art. 815 CC)

Permite reclamar la diferencia entre lo recibido y lo que correspondía por ley. Es la acción más habitual cuando el testamento simplemente es insuficiente, no cuando excluye totalmente al legitimario.

El plazo de prescripción es de 30 años desde el fallecimiento.

2. Acción de reducción de legados y donaciones inoficiosas (arts. 817 y 820 CC)

Cuando lo que sobrepasa la legítima se ha atribuido a través de legados o donaciones. Se reducen por el orden establecido en el artículo 820 CC.

3. Impugnación del testamento

Si se cree que el testamento tiene vicios de nulidad (incapacidad del testador, error, violencia, falsedad), la vía es la impugnación judicial. Esta acción tiene un plazo de 4 años desde que el heredero conoce el testamento.

⚠️ Atención a la desheredación: el testador puede desheredar a un hijo, pero solo por las causas taxativamente enumeradas en el artículo 853 del Código Civil (maltrato de obra o injurias graves al testador, haber sido condenado por atentar contra su vida…). Una desheredación sin causa o con causa falsa puede impugnarse judicialmente.

La legítima en territorios con derecho foral

España no tiene un sistema legitimario único. En los territorios con derecho foral propio, las reglas pueden ser muy distintas:

Para consultar cada legislación foral, el BOE mantiene un índice actualizado de leyes civiles forales.

¿Qué derecho se aplica? El criterio no es dónde están los bienes ni donde reside el fallecido, sino su vecindad civil, que se adquiere por nacimiento, residencia continuada o declaración formal ante el Registro Civil. Si tienes dudas sobre cuál aplica en tu caso, consúltalo antes de cualquier decisión, ya que las diferencias son muy significativas.

Preguntas frecuentes sobre la legítima hereditaria

¿Puede un padre desheredar completamente a un hijo? Solo si existe alguna de las causas legales del artículo 853 del Código Civil (maltrato, injurias graves, atentar contra su vida, entre otras) y se prueba. Una desheredación sin causa expresada o con causa falsa puede impugnarse. Si la desheredación es injusta, el hijo puede reclamar al menos su legítima estricta.

¿Los nietos tienen derecho a la legítima? Sí, si su progenitor (hijo del causante) ha fallecido antes que el abuelo o ha renunciado a la herencia. Los nietos heredan por representación la parte que habría correspondido a su padre.

¿Puede el testador dar a un hijo mucho más que a otro? Sí, dentro de límites. Puede usar el tercio de mejora para favorecer a un hijo concreto. Y puede dejarle también el tercio de libre disposición. Pero el tercio de legítima estricta debe repartirse a partes iguales entre todos los hijos.

¿Las parejas de hecho tienen legítima? No según el Código Civil estatal. Solo lo que el fallecido les deje expresamente en testamento. Algunos derechos forales (como el vasco o el catalán) sí reconocen ciertos derechos al conviviente.

¿La legítima se paga en bienes o en dinero? En principio en bienes de la herencia, pero el testador puede autorizar el pago en metálico. El artículo 841 CC también permite a los hijos que sean contadores-partidores pagar la legítima en dinero.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi legítima? Depende de la acción. La acción de complemento de legítima prescribe a los 30 años desde el fallecimiento. La impugnación del testamento por vicios, a los 4 años. En Cataluña el plazo es de 10 años.

¿Las donaciones en vida del fallecido afectan a mi legítima? Sí. Para calcular la legítima se suman al patrimonio las donaciones colacionables que el fallecido hizo en vida. Si esas donaciones han reducido tu cuota legal, puedes pedir su reducción como donaciones inoficiosas.

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Certificado de últimas voluntades en España (2026): qué es y cómo solicitarlo

Actualizado: 12 de mayo de 2026 · Base legal: Resolución de 13 de enero de 2011, DGRN · Trámite oficial: sede.mjusticia.gob.es

En resumen: el certificado de últimas voluntades es el primer documento que hay que solicitar al tramitar una herencia. Acredita si el fallecido otorgó testamento y ante qué notario. Sin él, ningún notario ni registro de la propiedad tramita la herencia. Cuesta 3,86 €, se puede pedir online en 5 minutos y se obtiene en 5-10 días hábiles.

Cuando fallece un familiar, una de las primeras preguntas es si dejó testamento. La respuesta no siempre la sabe la familia — y aunque la supiera, el notario necesita acreditarlo oficialmente. El certificado de últimas voluntades es exactamente ese documento: el punto de partida obligatorio de cualquier herencia en España.

Qué es el certificado de últimas voluntades

El certificado de últimas voluntades es el documento oficial que acredita si una persona ha otorgado testamento y ante qué notario lo hizo. Con él, los herederos pueden dirigirse al notario correspondiente y obtener una copia autorizada del testamento para iniciar la tramitación de la herencia.

Su nombre oficial es Certificado de Actos de Última Voluntad y lo expide el Registro General de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia.

Una persona puede haber otorgado varios testamentos a lo largo de su vida. El certificado indica cuál es el último — el único con validez legal — y ante qué notario se firmó. Los testamentos anteriores quedan automáticamente revocados.

Importante: el certificado de últimas voluntades no contiene el texto del testamento. Solo informa de su existencia y del notario que lo custodia. Para obtener una copia del testamento hay que acudir después a ese notario con el certificado en mano.

Para qué sirve exactamente

El certificado es imprescindible en estos casos:

• Tramitar una herencia — sea con testamento o sin él. Es el primer trámite en cualquier proceso sucesorio.
• Declaración de herederos abintestato — si no hay testamento, el notario necesita el certificado que acredite esa ausencia antes de iniciar el expediente.
• Cobrar un seguro de vida — las aseguradoras lo exigen junto al certificado de defunción.
• Cancelar cuentas bancarias del fallecido — los bancos lo solicitan para proceder a la liquidación.
• Procesos judiciales sucesorios — cualquier litigio sobre la herencia requiere acreditar la existencia o inexistencia de testamento.

Quién puede solicitarlo

Cualquier persona que presente la documentación requerida puede solicitar el certificado. No es un documento reservado a los herederos — cualquier persona con la documentación necesaria puede pedirlo.

Sin embargo, la copia del testamento que custodia el notario solo se entrega a herederos o personas con interés legítimo acreditado. El certificado en sí — que solo indica si hay testamento y dónde — es público.

Cuándo se puede pedir

La solicitud no puede presentarse hasta que hayan transcurrido 15 días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No se cuentan sábados, domingos ni festivos — en la práctica son unas 3 semanas desde el fallecimiento.

No existe plazo máximo para solicitarlo. Puede pedirse en cualquier momento posterior a esos 15 días hábiles, aunque para tramitar la herencia conviene no demorarlo.

Documentación necesaria

Para solicitar el certificado necesitas tres cosas:

1. Modelo 790 (código 006) Es el formulario oficial de pago de tasas del Ministerio de Justicia. Sirve para solicitar los certificados de antecedentes penales, actos de última voluntad y contratos de seguros con cobertura de fallecimiento. Se descarga desde la web del Ministerio de Justicia — es importante descargarlo cada vez porque lleva un código único de justificante que no puede reutilizarse.

2. Certificado literal de defunción Original o fotocopia compulsada, expedido por el Registro Civil del municipio donde se produjo el fallecimiento. Debe incluir el nombre de los padres del fallecido. Si el fallecimiento es posterior al 2 de abril de 2009 y los datos del fallecido están disponibles en el sistema telemático del Ministerio, puede sustituirse por el DNI, NIE o pasaporte del fallecido.

3. Justificante del pago de la tasa La tasa administrativa para la expedición del certificado de últimas voluntades es de 3,86 € en 2026, sin variación respecto a años anteriores. Se paga mediante el modelo 790 en cualquier entidad bancaria colaboradora de la Agencia Tributaria o por banca electrónica.

Si en el mismo formulario solicitas también el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento — que informa de si el fallecido tenía seguros de vida — debes pagar la tasa dos veces: 3,86 € por cada certificado. Es muy recomendable pedirlos juntos para no tener que repetir el trámite.

Cómo solicitarlo: tres vías

Vía online — la más rápida

Disponible a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia para fallecimientos posteriores al 2 de abril de 2009. Necesitas certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve para identificarte.

El sistema verifica automáticamente si los datos del fallecido están disponibles en línea. Si los encuentra — lo que ocurre en la inmensa mayoría de casos, incluidos los juzgados de paz que ya están digitalizados — puedes completar la solicitud al momento. Si el sistema no encuentra los datos, te avisa y debes usar la vía presencial o correo postal.

Accede directamente en: sede.mjusticia.gob.es

Plazo de emisión: 5 días hábiles. En muchos casos el certificado se expide al momento.

Importante: una vez emitido el certificado electrónico, dispones de 90 días naturales para descargarlo. Pasado ese plazo, si no lo has descargado, tendrás que volver a solicitarlo.

Vía presencial — con cita previa

Puedes acudir a:

• Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia (calle Bolsa, 8 — Madrid)
• Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia en tu provincia

Es necesaria cita previa. En muchos casos el certificado se entrega en el mismo momento de la solicitud.

Plazo de emisión: entre 3 y 10 días hábiles.

Por correo postal

Envía el modelo 790 cumplimentado, el certificado de defunción y el justificante de pago a:

Registro General de Actos de Última Voluntad Ministerio de Justicia Plaza Jacinto Benavente, 3 28012 Madrid

Plazo de emisión: 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud. El certificado se envía por correo postal a la dirección indicada en el formulario.

Tabla comparativa de las tres vías

Qué pasa si no hay testamento

Si el certificado confirma que el fallecido no otorgó testamento, el proceso de herencia sigue pero por una vía diferente. Los herederos deben tramitar ante notario una declaración de herederos abintestato, un expediente en el que el notario determina quiénes son los herederos legales según el Código Civil.

Consulta nuestra guía sobre herencia sin testamento en España para conocer el proceso completo.

Cómo solicitarlo desde el extranjero

Si los herederos residen fuera de España, el trámite es igualmente posible. Pueden realizarlo por banca electrónica, acudiendo a una entidad financiera española colaboradora con la Agencia Tributaria que tenga sucursal en el país, o mediante transferencia bancaria desde cuentas abiertas en bancos situados fuera del territorio nacional.

Si el certificado va a surtir efectos fuera de España, debe ser legalizado con la Apostilla de La Haya antes de presentarlo ante las autoridades extranjeras.

Qué hacer una vez obtenido el certificado

Si hay testamento: acude al notario indicado en el certificado y solicita una copia autorizada del último testamento. Con esa copia y el certificado de defunción puedes iniciar la tramitación de la herencia.

Si no hay testamento: inicia el expediente de declaración de herederos abintestato ante notario competente (el del último domicilio del fallecido, el del lugar donde esté la mayor parte del patrimonio o el del lugar del fallecimiento).

En ambos casos, el siguiente paso es calcular y liquidar el impuesto de sucesiones en la comunidad autónoma correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en llegar el certificado de últimas voluntades? Por vía online: 5 días hábiles, a veces inmediato. Por correo o presencialmente: entre 3 y 10 días hábiles. Una vez emitido el certificado electrónico, tienes 90 días naturales para descargarlo desde la sede electrónica del Ministerio.

¿Puede solicitarlo cualquier persona o solo los herederos? Cualquier persona que presente la documentación requerida puede solicitarlo. No es necesario acreditar parentesco ni condición de heredero para obtener el certificado — solo para obtener después la copia del testamento ante el notario.

¿Existe un plazo máximo para pedirlo? No. No existe plazo máximo para solicitar el certificado de últimas voluntades. Puede pedirse en cualquier momento una vez transcurridos los 15 días hábiles desde el fallecimiento.

¿El certificado caduca? El certificado en sí no tiene fecha de caducidad legal. Sin embargo, notarios y registros suelen exigir que sea reciente (emitido en los últimos 3-6 meses) para tramitar la herencia. Si ha pasado mucho tiempo, puede ser necesario pedir uno nuevo.

¿Qué pasa si el fallecido tenía testamento en otro país? El Registro de Actos de Última Voluntad español solo recoge los testamentos otorgados ante notario español. Si el fallecido tenía propiedades o residencia en otro país, puede ser necesario consultar también el registro equivalente de ese país.

¿Se puede solicitar sin certificado digital? Sí. La vía presencial y el correo postal no requieren certificado digital. Solo la vía online lo exige.

¿Qué es el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento? Es un documento complementario que informa de si el fallecido tenía contratado algún seguro de vida. Se solicita con el mismo modelo 790 y cuesta también 3,86 €. Es muy recomendable pedirlo siempre junto al de últimas voluntades para no tener que repetir el trámite — y porque muchas familias desconocen la existencia de seguros de vida del fallecido.

¿Puedo consultar el estado de mi solicitud online? Sí. A través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia puedes consultar el estado de tu solicitud con el número de solicitud que figura en el justificante. También puedes llamar al 918 372 295 o al 902 007 214.

Recursos oficiales

• Sede electrónica Ministerio de Justicia — Certificado de actos de última voluntad
• Descarga modelo 790 — Ministerio de Justicia
• Certificado de defunción — Ministerio de Justicia

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para tu caso concreto consulta con un abogado especializado en derecho de sucesiones o acude directamente a la sede electrónica del Ministerio de Justicia.

En resumen: recibir una donación en España obliga a pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en un plazo de 30 días hábiles. Quien paga es quien recibe — no quien da. El importe real varía enormemente según la comunidad autónoma: en Madrid, Andalucía o Valencia los hijos pueden recibir donaciones de sus padres pagando prácticamente el 0%, mientras que en otras comunidades la factura puede ser significativa.

Donar dinero, una vivienda o cualquier bien a otra persona no es gratis fiscalmente. Aunque muchas familias lo desconocen, cualquier transmisión gratuita en vida está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones — y no declararlo puede acarrear sanciones e intereses de demora. Esta guía explica cuánto se paga, dónde se declara y cómo reducir al máximo la factura fiscal.

¿Quién paga el impuesto de donaciones en España?

El impuesto recae sobre quien recibe la donación — no sobre quien la hace. La administración puede detectar movimientos financieros no justificados y reclamar el pago correspondiente si no se ha cumplido con la obligación declarativa.

Esto aplica a cualquier transmisión gratuita en vida:

• Dinero en efectivo o transferencia bancaria
• Viviendas, locales o terrenos
• Vehículos, joyas u objetos de valor
• Acciones o participaciones en empresas
• Condonación de una deuda

¿Y los regalos de boda? Los obsequios de boda se consideran donaciones a efectos fiscales. Quedan sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones — no al IRPF. Respecto al dinero en efectivo o las transferencias bancarias, existe la obligación legal de declararlos como donación en el ISD. En la práctica, los regalos de escaso valor no suelen declararse, pero los de importe relevante sí pueden generar obligación tributaria.

Dónde se declara: el factor clave es dónde está el bien

Si se trata de un inmueble, se presenta en la comunidad autónoma donde esté ubicado el bien. Si es dinero u otro bien mueble, se presenta en la comunidad autónoma donde resida el receptor. En donaciones mixtas, prevalece la comunidad donde esté el inmueble si su valor es superior al de los bienes muebles.

Esto tiene una consecuencia práctica muy importante: el lugar de residencia del receptor determina cuánto paga en donaciones de dinero. Cambiar la residencia a una comunidad con bonificaciones antes de recibir una donación importante puede reducir la factura fiscal de forma legal.

Plazo para declarar: 30 días hábiles

El receptor debe liquidar el impuesto dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la donación, presentando el modelo 651 ante la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma.

No confundas días hábiles con días naturales — son 30 días sin contar sábados, domingos ni festivos. En la práctica son entre 6 y 7 semanas desde la donación.

Atención con los inmuebles: si recibes una vivienda o local en donación, es imprescindible tener pagado y sellado el modelo 651 para presentar la escritura en el Registro de la Propiedad y solicitar el cambio de titularidad. Sin ese justificante no puedes inscribir el bien a tu nombre.

Cuánto se paga: los tipos estatales

La base de cálculo parte de la normativa estatal, que establece una tarifa progresiva. Sobre esa base cada comunidad autónoma puede aplicar reducciones y bonificaciones.

Tarifa estatal del Impuesto de Donaciones (art. 21 Ley 29/1987):

En la práctica, pocas personas pagan según esta tarifa estatal — las bonificaciones autonómicas la reducen drásticamente en la mayoría de comunidades.

Lo que realmente se paga: bonificaciones por comunidad autónoma

Las comunidades autónomas tienen las competencias en la recaudación, comprobación y gestión del impuesto de sucesiones y donaciones, y pueden aplicar incrementos o reducciones a los tipos impositivos. Revista Seguridad Social

El resultado es que donar lo mismo puede costar prácticamente 0 € en una comunidad y miles de euros en otra.

Comunidades con bonificación del 99% para familia directa (grupos I y II)

En estas comunidades, donar a hijos, cónyuge o padres sale prácticamente gratis:

Bonificación del 99% o superior para grupos I y II (descendientes, cónyuges y ascendientes) en: Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Bonificación del 100% en Cantabria e Islas Baleares. Bonificación del 99,9% en Canarias.

Novedades 2026 para hermanos, tíos y sobrinos (grupo III)

En 2026 hay más bonificaciones fiscales para tíos, sobrinos y hermanos en varias comunidades. La Comunidad Valenciana, según la Ley 5/2025, amplía la bonificación al 25% para el Grupo III desde el 1 de junio de 2026, que subirá al 50% desde el 1 de junio de 2027.

Madrid ha ampliado la bonificación aplicada a las herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos hasta el 50%, que hasta 2025 era del 25%. Cantabria aplica una bonificación del 50% para colaterales de segundo grado. Canarias mantiene el 99,9%.

Tabla resumen por comunidad — donaciones entre familia directa (grupos I y II)

Donaciones de padres a hijos: el caso más frecuente

:

Es la situación más habitual — padres que quieren ayudar a sus hijos a comprar una vivienda o darles un capital inicial. El tratamiento fiscal depende de dónde viva el hijo.

Si el hijo vive en Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia, La Rioja, Canarias, Cantabria o Baleares: la donación está prácticamente exenta. Un padre puede donar 100.000 € a su hijo pagando entre 0 y 1.000 €.

Si el hijo vive en Cataluña, Aragón o Asturias: hay bonificaciones pero con límites — una donación de 100.000 € puede costar entre 3.000 y 15.000 €.

Si el hijo vive en comunidades sin bonificaciones específicas o con límites bajos: se aplica la tarifa estatal con posibles reducciones, lo que puede suponer una factura relevante.

Consejo práctico: si una donación importante está planificada con antelación, el receptor puede establecer su residencia fiscal en una comunidad con bonificaciones antes de recibirla. Es perfectamente legal siempre que la residencia sea real y efectiva — no un simple empadronamiento sin residencia real.

Donación de vivienda: puntos clave

Donar un inmueble tiene particularidades adicionales que hay que tener en cuenta:

1. El impuesto se paga en la comunidad donde está el piso — no donde vive el receptor. Si el piso está en Barcelona y el hijo vive en Madrid, tributa en Cataluña.

2. El donante puede tener que pagar plusvalía municipal (IIVTNU) — el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana recae sobre el donante, no sobre el receptor.

3. El donante puede tener ganancia patrimonial en el IRPF — si el inmueble ha subido de valor desde que se compró, esa ganancia tributa en la declaración de la renta del donante, aunque no haya recibido dinero. Hay excepciones importantes para mayores de 65 años que donan su vivienda habitual.

4. El valor de referencia catastral como base mínima — desde 2022, el valor mínimo para inmuebles a efectos del ISD es el valor de referencia catastral. No puedes declarar por debajo de ese valor. APTIE

Donación de dinero: ¿hay que declararlo siempre?

Técnicamente sí — cualquier donación de dinero está sujeta al ISD. En la práctica, pequeñas transferencias entre familiares no suelen declararse y raramente generan comprobaciones.

Pero hay umbrales a partir de los cuales el riesgo de inspección aumenta significativamente:

• Transferencias bancarias de importes relevantes entre familiares sin concepto claro.
• Ingresos de efectivo en cuenta que no se corresponden con los ingresos declarados.
• Compra de inmuebles o vehículos con dinero cuyo origen no está justificado.

Madrid establece una bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 €. En el resto de comunidades no hay un umbral oficial de mínimo exento para donaciones de dinero entre particulares — en teoría cualquier importe está sujeto.

Cómo se calcula el impuesto paso a paso

Paso 1 — Valor real del bien donado Es el punto de partida. Para inmuebles, el valor mínimo es el valor de referencia catastral. Para dinero, el importe transferido. Para otros bienes, el valor de mercado.

Paso 2 — Reducciones de la base imponible Se aplican las reducciones establecidas por la normativa estatal y autonómica según el grado de parentesco y el tipo de bien.

Paso 3 — Base liquidable Resultado de restar las reducciones al valor del bien.

Paso 4 — Aplicar la tarifa Sobre la base liquidable se aplica la tarifa del impuesto — estatal o autonómica si la comunidad tiene tarifa propia.

Paso 5 — Coeficiente multiplicador Se aplica según el patrimonio preexistente del receptor. A mayor patrimonio del receptor, mayor coeficiente.

Paso 6 — Bonificaciones autonómicas Aquí es donde en muchas comunidades la cuota se reduce al 1% o incluso al 0%.

Modelo 651: cómo presentarlo

El modelo 651 es la autoliquidación del impuesto de donaciones. Se presenta ante la Hacienda de la comunidad autónoma competente — no ante la AEAT estatal.

Puedes presentarlo:

• Online: a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria autonómica correspondiente con certificado digital o Cl@ve.
• Presencialmente: en las oficinas de la Hacienda autonómica con cita previa.

El plazo es de 30 días hábiles desde la fecha de la donación. Presentarlo fuera de plazo genera recargos del 5% al 20% según el retraso, además de intereses de demora.

Preguntas frecuentes

¿Puedo donar sin pasar por el notario? Para donaciones de dinero no es obligatorio el notario — basta con la transferencia bancaria y la autoliquidación del impuesto. Para inmuebles sí es obligatoria la escritura pública ante notario.

¿Qué pasa si no declaro una donación? Si Hacienda detecta la donación — a través de movimientos bancarios, escrituras o inspecciones — puede liquidar el impuesto no pagado más intereses de demora y una sanción de entre el 50% y el 150% de la cuota no ingresada.

¿Hay algún límite máximo de donación? No existe un límite legal al importe que se puede donar. El límite es fiscal — a partir de ciertos importes la cuota a pagar aumenta progresivamente.

¿Las donaciones entre cónyuges tributan? Sí. Las donaciones entre marido y mujer están sujetas al ISD. En la mayoría de comunidades con bonificación del 99% para el grupo II, la factura es mínima.

¿Puedo fraccionar una donación grande en varias pequeñas para pagar menos? Hacienda tiene normas de acumulación: las donaciones del mismo donante al mismo receptor en un plazo de 3 años se acumulan a efectos del cálculo del impuesto. No es posible fraccionar para reducir el tipo aplicable.

¿Qué diferencia hay entre donar ahora y dejar en herencia? Fiscalmente puede haber diferencias importantes según la comunidad. En comunidades con bonificación del 99% tanto en donaciones como en herencias, la diferencia fiscal es mínima. La ventaja de la donación en vida es la certeza normativa — conoces la ley que se aplica ahora, mientras que la herencia tributará según la ley vigente en el momento del fallecimiento, que puede cambiar.

¿Cómo tributa quien dona en su IRPF? Quien dona no tributa en el ISD — ese impuesto lo paga el receptor. Pero si el bien donado ha generado una ganancia patrimonial (por ejemplo, una vivienda comprada por 100.000 € y donada cuando vale 200.000 €), esa ganancia de 100.000 € tributa en el IRPF del donante como si la hubiera vendido.

Recursos oficiales

• Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD — BOE
• Modelo 651 — Agencia Tributaria
• Valor de referencia catastral — Catastro
• Sede electrónica AEAT

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento fiscal. La tributación exacta depende de la comunidad autónoma, el grado de parentesco, el tipo de bien y el patrimonio preexistente del receptor. Consulta con un asesor fiscal antes de realizar cualquier donación de importe relevante.