Carpeta Justicia es el espacio personal online del Ministerio de Justicia que permite a cualquier ciudadano consultar sus expedientes judiciales, recibir notificaciones, pedir certificados y pagar tasas judiciales las 24 horas, los 365 días del año. Funciona con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, es gratuita y está disponible como web y como app móvil. En 2026 supera los 700.000 usuarios y ya cubre cerca del 45% de la población española, ampliándose de forma continua a nuevas comunidades.

Durante años, enterarse de en qué punto estaba un procedimiento judicial obligaba a desplazarse al juzgado, llamar por teléfono o depender de un abogado o procurador. Carpeta Justicia nació para cambiar eso: es la ventanilla digital única del sistema público de justicia en España, donde cada persona puede seguir sus asuntos desde el móvil o el ordenador.

En esta guía te explicamos qué es exactamente, qué puedes hacer con ella hoy, cómo acceder paso a paso, en qué territorios funciona ya y qué novedades están previstas próximamente.

Desde el móvil se puede consultar Carpeta Justicia

Qué es Carpeta Justicia

Carpeta Justicia es un espacio personal en línea que facilita la relación con el servicio público de Justicia. A través de este portal, la ciudadanía, las empresas y los profesionales del derecho pueden acceder a los servicios de la Administración de Justicia a cualquier hora, todos los días del año.

Es una iniciativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). Su objetivo es convertirse en el punto único donde consultar toda la información y documentación relacionada con tus procedimientos judiciales, sin importar en qué juzgado se tramiten.

El acceso es público y gratuito. No hace falta autorización previa: basta con identificarse electrónicamente. Además de la web, existe una aplicación móvil oficial descargable en Google Play y en la App Store, que supera ya las 68.000 descargas.

Carpeta Justicia funciona 24 horas al día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

A quién va dirigida

La plataforma está pensada para tres grandes colectivos:

Inicialmente, las primeras versiones se orientaron sobre todo a abogados y procuradores. Progresivamente se han ido activando los servicios para personas físicas, que son los que más interesan al ciudadano de a pie. La adopción entre profesionales es ya muy alta: más de un tercio de los profesionales en activo la utilizan, con especial penetración entre procuradores.

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Qué servicios ofrece

Aquí está el corazón de la plataforma. Los servicios se agrupan en cuatro grandes bloques.

Consulta de expedientes judiciales

Este es el uso principal para el ciudadano. Desde Carpeta Justicia puedes consultar:

• Apoderamientos: el poder que otorgas a un profesional (abogado, procurador o graduado social) para que te represente en un asunto judicial.
• Expediente judicial electrónico: el conjunto ordenado de documentos, trámites, actuaciones y grabaciones audiovisuales de tu procedimiento. Se accede a través del visor oficial del expediente (ATENEA IRIS).
• Edictos y resoluciones asociadas: cuando han intentado notificarte sin éxito, el aviso se publica en el Tablón Edictal Judicial Único, dentro del Boletín Oficial del Estado.
• Señalamientos: el día y la hora de celebración de juicios, vistas o comparecencias.
• Notificaciones judiciales: los actos de comunicación que te informan de una resolución o actuación de un procedimiento en el que estás implicado.

Certificados oficiales

Puedes solicitar la generación telemática de varios certificados sin acudir presencialmente:

Pago de tasas y depósitos judiciales

Carpeta Justicia permite realizar ingresos a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales mediante tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria. Para el ciudadano, el servicio es gratuito y sin comisiones.

Los profesionales del derecho pueden además consultar movimientos y solicitar acceso a las cuentas asociadas a los procedimientos en los que intervienen.

Resumen y anonimización de documentos con IA

Una de las funciones más innovadoras. La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten:

• Resumir un documento judicial en lenguaje sencillo, comprensible para cualquier persona sin conocimientos jurídicos.
• Resumir sentencias y autos, combinando los párrafos más relevantes.
• Anonimizar documentos, eliminando los datos personales que contengan.

El objetivo declarado del Ministerio con estos servicios de IA es reducir barreras y acercar la justicia a quienes no disponen de medios para acceder a este tipo de tecnología.

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Cómo acceder paso a paso

Para entrar en Carpeta Justicia necesitas identificarte electrónicamente. El sistema utiliza Cl@ve, el mecanismo común de identificación con las Administraciones Públicas.

1. Entra en el portal carpeta.justicia.es o abre la app móvil.
2. Pulsa en «Accede a Carpeta Justicia».
3. Identifícate con uno de estos métodos:
   • DNI electrónico (necesitas un lector compatible).
   • Certificado digital reconocido (por ejemplo, el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
   • Cl@ve Móvil o Cl@ve Permanente (sistema de claves concertadas).
4. Accede a los servicios: una vez dentro, verás tus expedientes, notificaciones, señalamientos y el resto de trámites disponibles según tu territorio.

Si aún no tienes Cl@ve, puedes registrarte de forma presencial, por videollamada, mediante carta de invitación o con certificado electrónico. Toda la información sobre el sistema está en el portal oficial clave.gob.es.

Sin Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico no es posible acceder: la identificación segura es obligatoria por la sensibilidad de los datos.

Dónde funciona ya

Aquí está la principal limitación a día de hoy: el despliegue de Carpeta Justicia es gradual, territorio por territorio, y no todos los servicios están disponibles en todas las comunidades.

A lo largo de 2026 la cobertura se ha ampliado con rapidez. La plataforma ya opera en las comunidades sin competencias transferidas en Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), y también en la Comunidad de Madrid, Cantabria, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia, entre otras. La Comunidad de Madrid fue la primera comunidad con competencias transferidas en incorporarse, y Galicia se activó el 30 de abril de 2026. En conjunto, la plataforma da cobertura a cerca del 45% de la población española, y el Ministerio prevé activarla próximamente en más comunidades.

La consulta del expediente judicial electrónico para personas físicas es más restringida y depende de que cada órgano judicial la tenga activada. Por eso, lo recomendable es entrar y comprobar directamente qué servicios están operativos en tu caso concreto, ya que la cobertura crece de forma continua.

Carpeta Justicia en cifras

Los datos publicados por el Ministerio en 2026 reflejan una adopción acelerada:

Marco legal y qué se espera próximamente

Carpeta Justicia no es un proyecto aislado, sino la pieza central de la transformación digital de la justicia española. Su base normativa arranca con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que aprobó las primeras medidas de eficiencia digital, y se consolida con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la norma vigente que generaliza el expediente judicial electrónico en todos los procedimientos y refuerza la consulta remota por parte de ciudadanos y profesionales.

Esta reforma impulsa un cambio de paradigma en el Expediente Judicial Electrónico: pasar de una justicia orientada al documento a una orientada al dato, lo que permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, siempre con respeto pleno a las leyes procesales. La misma ley crea las Oficinas de Justicia en los municipios (que sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz) y los Tribunales de Instancia, en un esfuerzo por acercar la justicia y evitar desplazamientos.

En el plano tecnológico, en 2026 el Ministerio anunció que Carpeta Justicia se ha desplegado sobre una plataforma de experiencia digital abierta (Liferay DXP), pensada para unificar los sistemas históricamente fragmentados de las distintas comunidades e ir incorporando funcionalidades de forma evolutiva.

Entre las novedades previstas y en desarrollo destacan:

• Cl@ve Justicia: un sistema propio de identificación y firma para actuaciones judiciales, incluidas las comparecencias por videoconferencia.
• Mayor interoperabilidad entre órganos judiciales y fiscales, con intercambio ágil de documentos electrónicos.
• Ampliación progresiva de la cobertura territorial hasta cubrir todo el Estado y todas las jurisdicciones.
• Nuevos servicios de IA derivados del enfoque de dato abierto, ampliando las herramientas de resumen y anonimización.

El impulso a la plataforma se mantiene en la agenda del Gobierno: en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia de julio de 2026 se informó de los avances en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal y en la implantación de Carpeta Justicia, en paralelo al anuncio de la mayor ampliación histórica de la carrera judicial y fiscal.

Además, el Ministerio celebra sesiones periódicas con usuarios reales (abogados, procuradores, graduados sociales y colectivos como el CERMI o la ONCE) para detectar errores y mejorar la accesibilidad de la herramienta antes de generalizarla.

El objetivo final es que Carpeta Justicia sea el punto único desde el que cualquier persona gestione toda su relación con la justicia, sin desplazamientos ni papeleo.

Ventajas y limitaciones actuales

Preguntas frecuentes

¿Carpeta Justicia es gratuita? Sí. El acceso y el uso son gratuitos. Incluso el pago de tasas y depósitos judiciales mediante tarjeta se realiza sin comisiones para el ciudadano.

¿Necesito un abogado para usarla? No. Cualquier persona física puede acceder por sí misma a sus propios asuntos. Los profesionales tienen funciones adicionales, pero el ciudadano puede consultar sus expedientes y notificaciones directamente.

¿Cómo me identifico si no tengo certificado digital? Puedes usar Cl@ve Móvil o Cl@ve Permanente, que son sistemas de claves concertadas. Para obtenerlos debes registrarte previamente en Cl@ve, algo que puede hacerse por videollamada, presencialmente o con carta de invitación.

¿Puedo consultar cualquier expediente judicial? Solo aquellos en los que eres parte o persona interesada. Además, la consulta del expediente judicial electrónico depende de que el órgano judicial correspondiente tenga activado el servicio para personas físicas.

¿Funciona en toda España? Todavía no de forma completa. Está en despliegue gradual y cubre cerca del 45% de la población. La disponibilidad varía según la comunidad autónoma y el tipo de servicio. Lo mejor es entrar y comprobar qué está operativo en tu caso.

¿Hay aplicación móvil? Sí. Existe una app oficial de Carpeta Justicia disponible tanto en Google Play (Android) como en la App Store (iOS), con más de 68.000 descargas.

¿Qué diferencia hay entre Carpeta Justicia y la Carpeta Ciudadana del Estado? La Carpeta Ciudadana es un servicio general de la Administración del Estado. Carpeta Justicia está especializada exclusivamente en la Administración de Justicia: expedientes judiciales, notificaciones, señalamientos y trámites propios del ámbito judicial.

¿Es segura para mis datos? El acceso exige identificación electrónica reconocida (Cl@ve, certificado o DNI electrónico) precisamente por la sensibilidad de la información judicial, y la normativa establece protocolos de protección de datos y seguridad frente a ciberataques.

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La disponibilidad de servicios y la cobertura territorial de Carpeta Justicia se amplían de forma continua; verifica siempre la información en el portal oficial. Fuentes: Carpeta Justicia — Ministerio de Justicia, Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, Sistema Cl@ve.

Resumen rápido: La incapacidad permanente es la pensión que reconoce la Seguridad Social cuando una enfermedad o accidente reduce o anula de forma previsiblemente definitiva tu capacidad de trabajar. Tiene cuatro grados: parcial (indemnización única de 24 mensualidades), total (pensión del 55% de la base reguladora, ampliable al 75%), absoluta (100%) y gran invalidez (100% más un complemento). La reconoce el INSS tras la valoración de un tribunal médico y, desde mayo de 2025, su reconocimiento ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo.

Más de un millón de personas cobran en España una pensión de incapacidad permanente. Es, junto a la jubilación, la prestación más relevante del sistema — y también una de las que más litigios genera: buena parte de los reconocimientos, sobre todo en los grados superiores, se consiguen en los tribunales tras una denegación inicial del INSS.

Está regulada en los artículos 193 a 200 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de la Ley General de la Seguridad Social. Esta guía explica los cuatro grados, cuánto se cobra en cada uno con las cuantías de 2026, qué cotización se exige y cómo es el procedimiento paso a paso.

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Qué es la incapacidad permanente

Es la situación del trabajador que, después de haber recibido el tratamiento médico prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral (art. 193 LGSS).

Dos ideas clave que conviene fijar desde el principio:

• No existe una lista de enfermedades que den derecho automático a la pensión. Lo que se valora no es el diagnóstico, sino las limitaciones funcionales que provoca y cómo afectan a tu trabajo concreto. Dos personas con la misma patología pueden obtener grados distintos según su profesión.
• En la mayoría de los casos se llega a la incapacidad permanente desde una incapacidad temporal — la baja médica ordinaria, que explicamos en nuestra guía de la baja laboral — cuando se agota su duración máxima (545 días) sin recuperación.

Los cuatro grados y cuánto se cobra

Algunos matices importantes de cada grado:

Parcial: no es una pensión mensual sino un pago único. Si tu base reguladora es de 1.800 €, cobras 43.200 € brutos de una vez, y puedes seguir trabajando sin ninguna restricción, incluso en la misma profesión.

Total: es el grado más frecuente. La pensión del 55% sube al 75% (total «cualificada») cuando el beneficiario tiene 55 años o más y, por su formación y el mercado laboral de su zona, tiene especiales dificultades para encontrar empleo en otra profesión; el incremento del 20% se suspende si se trabaja.

Gran invalidez: el complemento se calcula sumando el 45% de la base mínima de cotización vigente y el 30% de la última base de cotización del trabajador, sin que pueda ser inferior al 45% de la pensión. En la práctica supone varios cientos de euros mensuales adicionales.

Requisitos: alta y cotización

El requisito de cotización depende de la causa de la incapacidad:

Con carácter general se exige estar en alta o situación asimilada (trabajando, en paro con prestación, en baja médica…). Excepción: la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez derivadas de enfermedad común pueden reconocerse sin estar en alta, si se acreditan al menos 15 años cotizados, 3 de ellos en los últimos 10.

Para el grado parcial por enfermedad común la regla es específica: 1.800 días cotizados en los 10 años anteriores.

Cómo se calcula la base reguladora

La base reguladora también depende del origen:

• Enfermedad común: cotizaciones de los últimos 96 meses (8 años) divididas entre 112, con integración de lagunas, y aplicando después el porcentaje de la escala de jubilación según los años cotizados y la edad.
• Accidente no laboral: suma de 24 meses ininterrumpidos de cotización, elegidos por el trabajador dentro de los últimos 7 años, dividida entre 28.
• Accidente de trabajo o enfermedad profesional: salarios reales del año anterior divididos entre 12 — habitualmente la fórmula más alta, y además la pensión corre a cargo de la mutua, con posible recargo de prestaciones si hubo falta de medidas de seguridad. Los derechos tras un accidente en el trabajo empiezan mucho antes de la pensión: desde el primer día de la baja.

Cuantías mínimas y máximas 2026

Tras la revalorización del 2,7%, el Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo garantiza estas cuantías mínimas (14 pagas):

La pensión máxima del sistema es de 3.359,60 €/mes (47.034,40 €/año). El complemento a mínimos exige que los demás ingresos no superen 9.442 €/año (11.013 € con cónyuge a cargo).

Fiscalidad — una diferencia enorme entre grados: la pensión de incapacidad permanente total tributa en el IRPF como rendimiento del trabajo; las de absoluta y gran invalidez están exentas (art. 7.f de la Ley 35/2006 del IRPF). Además, cualquier incapacidad permanente en grado de total o superior equivale automáticamente a un 33% de discapacidad a efectos legales.

Compatibilidad con el trabajo

• Parcial: compatible con cualquier trabajo, incluida tu profesión de siempre.
• Total: compatible con cualquier profesión distinta de la habitual, por cuenta ajena o propia y sin límite de ingresos — cobras pensión y sueldo íntegros. Lo único vedado es volver a la misma profesión. Si cobras la cualificada (75%), el 20% adicional se suspende mientras trabajes.
• Absoluta y gran invalidez: la compatibilidad es muy restrictiva, limitada a actividades marginales compatibles con tu estado; conviene consultar al INSS antes de aceptar cualquier actividad, porque puede provocar la revisión del grado.

Novedad clave: adiós al despido automático

Hasta 2025, el reconocimiento de una incapacidad total, absoluta o gran invalidez permitía a la empresa extinguir el contrato automáticamente y sin indemnización. La Ley 2/2025, de 29 de abril, que modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, acabó con ese régimen desde el 1 de mayo de 2025: ahora el trabajador dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución para comunicar a la empresa su voluntad de seguir, y esta debe realizar los ajustes razonables del puesto o destinarle a otro vacante compatible; solo puede extinguir el contrato si justifica que la adaptación constituye una carga excesiva. Si la empresa extingue sin cumplir este procedimiento, el despido puede impugnarse — te explicamos plazos y consecuencias en la guía del despido improcedente.

Cómo se solicita: procedimiento paso a paso

1. Inicio. De oficio (lo habitual: el propio INSS al agotarse la incapacidad temporal), a petición del trabajador en cualquier momento, o a propuesta de la mutua. La solicitud se presenta en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en un CAISS con cita previa, acompañando los informes médicos que acrediten las limitaciones.
2. Valoración médica. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI, tribunal médico) te cita a reconocimiento y emite dictamen-propuesta sobre el grado.
3. Resolución. El INSS resuelve en un plazo máximo de 135 días hábiles; el silencio es negativo. La resolución fija grado, cuantía y, en su caso, plazo de revisión por mejoría o agravamiento.
4. Si te la deniegan o no estás de acuerdo con el grado: dispones de 30 días hábiles para presentar reclamación previa ante el propio INSS y, si se desestima, demanda ante el Juzgado de lo Social. Es la fase donde más reconocimientos se ganan, aportando informes de especialistas propios.

Al cumplir la edad ordinaria de jubilación, la pensión pasa a denominarse pensión de jubilación, sin que cambie la cuantía — y deja de estar sujeta a revisiones. Si el pensionista fallece, su cónyuge o pareja registrada puede causar la pensión de viudedad calculada sobre su base reguladora.

Preguntas frecuentes

¿Qué enfermedades dan derecho a una incapacidad permanente? Ninguna en automático y todas en potencia: no existe lista cerrada. El INSS valora las limitaciones funcionales que la patología te causa en relación con tu profesión, no el diagnóstico en sí.

¿Cuánto se cobra por una incapacidad permanente total? El 55% de tu base reguladora, con la mínima garantizada de 2026 según tu edad y situación familiar. A partir de los 55 años puede subir al 75% (cualificada) si no trabajas y acreditas dificultad de recolocación.

¿Puedo trabajar cobrando una incapacidad permanente total? Sí, en cualquier profesión distinta de la habitual, sin límite de ingresos y cobrando pensión y sueldo íntegros. No puedes volver a la profesión para la que fuiste declarado incapaz.

¿La pensión de incapacidad paga IRPF? La total sí tributa. La absoluta y la gran invalidez están exentas del IRPF.

¿Cuánto tarda el INSS en resolver? El plazo máximo legal es de 135 días hábiles. En la práctica, entre la baja previa, el tribunal médico y la resolución, el proceso completo suele durar de 6 a 12 meses.

¿Me pueden quitar la pensión una vez concedida? Puede revisarse por mejoría, agravamiento o error de diagnóstico dentro de los plazos que fije la resolución. A partir de la edad ordinaria de jubilación, la pensión ya no se revisa.

¿Me pueden despedir por tener una incapacidad permanente? Ya no automáticamente. Desde mayo de 2025 (Ley 2/2025), si comunicas en 10 días naturales tu voluntad de continuar, la empresa debe adaptar tu puesto o recolocarte, salvo carga excesiva justificada.

¿Qué pasa si no he cotizado lo suficiente? Si la causa es un accidente o enfermedad profesional, no se exige cotización previa. Si es enfermedad común y no alcanzas el periodo exigido, no hay pensión contributiva, pero puede existir derecho a la pensión no contributiva de invalidez si tienes un 65% de discapacidad y rentas bajas.

Recursos oficiales

• Ley General de la Seguridad Social (arts. 193-200) — BOE
• Estatuto de los Trabajadores (art. 49) — BOE
• Real Decreto 241/2026 — cuantías 2026 — BOE
• Ley 35/2006 del IRPF (art. 7.f, exenciones) — BOE
• Sede Electrónica de la Seguridad Social

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de una incapacidad permanente depende de las circunstancias médicas y laborales de cada caso. Para tu situación concreta, consulta en el INSS o con un profesional especializado en Seguridad Social.

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SCHEMA FAQ

Resumen rápido: En 2026 la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, o de 65 años si has cotizado al menos 38 años y 3 meses. La pensión se calcula aplicando un porcentaje (del 50% al 100%, según los años cotizados) sobre tu base reguladora, que desde el 1 de enero de 2026 se determina por primera vez con un sistema dual: la Seguridad Social aplica de oficio la fórmula que más te beneficie. La pensión máxima en 2026 es de 3.359,60 €/mes y la mínima para mayores de 65 años sin cónyuge, de 936,20 €/mes, en 14 pagas.

La pensión de jubilación es la prestación central del sistema español de Seguridad Social: la cobran más de 6,5 millones de personas. Está regulada en los artículos 204 a 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de la Ley General de la Seguridad Social, y 2026 es un año especialmente importante para quien se jubila: entra en vigor la segunda fase de la reforma de pensiones del Real Decreto-ley 2/2023, que cambia la forma de calcular la base reguladora y mejora el tratamiento de las lagunas de cotización.

Esta guía explica, con los datos vigentes en 2026, a qué edad puedes jubilarte, cómo se calcula exactamente tu pensión y qué cuantías mínimas y máximas se aplican

Edad de jubilación en 2026

La edad de jubilación ordinaria depende de cuánto hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral:

Este calendario progresivo, iniciado en 2013, termina en 2027: a partir de ese año la edad será de 67 años para quien tenga menos de 38 años y 6 meses cotizados, y de 65 para quien alcance ese periodo.

Además de la edad, se exige un periodo mínimo de cotización de 15 años (carencia genérica), de los cuales al menos 2 deben estar dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación (carencia específica). Sin esos 15 años no hay pensión contributiva, aunque puede existir derecho a la pensión no contributiva si se cumplen los requisitos de renta.

La novedad de 2026: cálculo dual

Hasta el 31 de diciembre de 2025 la base reguladora se calculaba de una única forma: la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), dividida entre 350. Desde el 1 de enero de 2026, la reforma introduce una segunda fórmula y la Seguridad Social aplica de oficio la que resulte más favorable, sin que tengas que solicitarlo:

El método nuevo permite descartar los peores meses de cotización, por lo que beneficia sobre todo a quienes tuvieron periodos de paro, sueldos bajos o interrupciones al final de su carrera. El periodo examinado se irá ampliando gradualmente cada año hasta llegar en 2037 a las 324 mejores bases de los últimos 348 meses (29 años, descartando los 24 peores). El sistema dual se mantendrá para quienes se jubilen antes del 1 de enero de 2041.

Si tu carrera de cotización es estable y ascendente, ambas fórmulas darán un resultado casi idéntico. Si tuviste baches, el método nuevo puede subir tu pensión de forma apreciable. En ningún caso el nuevo sistema puede perjudicarte: siempre se aplica el resultado mayor.

Las bases de cotización que se suman son las que figuran en tu nómina mes a mes — puedes ver cómo se componen en nuestra calculadora de salario neto —, actualizadas por IPC salvo las de los últimos 24 meses, que computan por su valor nominal.

Lagunas de cotización: relleno mejorado

Si en el periodo de cálculo hay meses en los que no cotizaste sin estar obligado a ello (las llamadas lagunas), desde 2026 se integran con bases ficticias en mejores condiciones:

• Regla general: los primeros 48 meses sin cotizar se rellenan con el 100% de la base mínima de cotización; el resto, con el 50%.
• Mujeres trabajadoras por cuenta ajena (mientras la brecha de género en pensiones supere el 5%): del mes 49 al 60 se integran al 100% de la base mínima, y del 61 al 84 al 80%. Los hombres pueden acogerse a esta mejora si sus lagunas están vinculadas al nacimiento o adopción de un hijo.
• Autónomos: novedad de 2026 — los 6 meses siguientes al agotamiento de la prestación por cese de actividad se integran con la base mínima del RETA. Fuera de ese supuesto, en el RETA las lagunas siguen sin integrarse, uno de los motivos por los que la pensión media de los autónomos es inferior; si estás valorando tu encaje como trabajador por cuenta propia, lo analizamos en autónomo o SL.

Porcentaje según años cotizados

Sobre la base reguladora se aplica un porcentaje que depende de tu carrera de cotización:

En 2026 se necesitan 36 años y 6 meses cotizados para cobrar el 100% de la base reguladora. A partir de 2027 se exigirán 37 años. La escala legal es mensual (art. 210 LGSS): cada mes adicional cotizado a partir de los 15 años suma porcentaje, por lo que los valores intermedios de la tabla son aproximados.

Ojo con no confundir dos cifras distintas: los 38 años y 3 meses sirven para poder jubilarte a los 65; los 36 años y 6 meses sirven para cobrar el 100%. Puedes jubilarte a los 66 años y 10 meses con 36 años y 6 meses cotizados y cobrar el 100% de tu base.

Jubilación anticipada: cuánto te penaliza

Puedes adelantar tu jubilación respecto a la edad ordinaria, a cambio de coeficientes reductores que recortan la pensión de forma vitalicia:

Anticipada voluntaria — hasta 2 años antes de tu edad ordinaria. En 2026 eso significa desde los 64 años y 10 meses (carrera corta) o desde los 63 años (con 38 años y 3 meses cotizados). Requisitos: al menos 35 años cotizados y que la pensión resultante supere la mínima que te correspondería. La penalización se aplica por meses de adelanto y oscila entre el 2,81% (un solo mes, carrera larga) y el 21% (24 meses, carrera corta).

Anticipada involuntaria — hasta 4 años antes, cuando el cese es por causas ajenas al trabajador (despido colectivo u objetivo, entre otras). Requiere 33 años cotizados. Si tu salida de la empresa fue un despido, revisa primero si fue ajustado a derecho en nuestra guía sobre el despido improcedente y comprueba que el finiquito está bien calculado: ambas cosas afectan a lo que cobras antes de llegar a la pensión.

Jubilación demorada: el premio por esperar

Si retrasas la jubilación más allá de tu edad ordinaria, cada año completo de demora te da a elegir entre: un 4% adicional de pensión para siempre, un pago único a tanto alzado (que puede superar los 12.000 € por año demorado, según tu base), o una fórmula mixta. Desde 2026 se añade un incentivo extra del 2% por cada semestre a partir del segundo año de demora. Es una opción especialmente interesante para quien no alcanza los 36 años y 6 meses y quiere seguir sumando porcentaje.

Cuantías mínimas y máximas en 2026

Tras la revalorización del 2,7% para las pensiones contributivas, el Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo fija estos límites:

Pensión máxima: 3.359,60 €/mes (47.034,40 €/año en 14 pagas). Ninguna pensión inicial puede superarla, por alta que sea tu base.

Pensiones mínimas de jubilación (14 pagas):

Si tu pensión calculada queda por debajo del mínimo de tu situación, el INSS aplica de oficio el complemento a mínimos, siempre que tus demás ingresos anuales no superen 9.442 € (sin cónyuge a cargo) u 11.013 € (con cónyuge a cargo) y residas en España.

Complemento de brecha de género: 36,90 €/mes por cada hijo (máximo cuatro) para el progenitor cuya carrera se vio más perjudicada por su cuidado — en la práctica lo perciben mayoritariamente mujeres, pero los hombres pueden solicitarlo si acreditan ese perjuicio.

Cómo solicitar la pensión

La pensión no se concede de oficio: hay que solicitarla al INSS, desde los 3 meses anteriores a la fecha de jubilación prevista. Puede hacerse:

• Online, en la Sede Electrónica de la Seguridad Social con certificado digital, Cl@ve o vía SMS. La propia sede incluye un simulador oficial que calcula tu edad de jubilación y estima tu pensión con tus bases reales — es la herramienta más fiable antes de decidir fecha.
• Presencialmente en un CAISS del INSS, con cita previa.

Documentación básica: DNI/NIE, y el propio INSS recupera tu vida laboral y bases de cotización. El plazo de resolución es de 90 días, aunque en la práctica suele resolverse en pocas semanas.

La pensión de jubilación tributa en el IRPF como rendimiento del trabajo, con retención mensual practicada por el INSS.

Compatibilidades: trabajar y cobrar pensión

La regla general es la incompatibilidad con el trabajo, pero existen tres vías legales para combinarlos: la jubilación activa (cobrar un porcentaje de la pensión trabajando por cuenta propia o ajena, una vez cumplida la edad ordinaria con el 100% del porcentaje), la jubilación flexible (reducir jornada tras jubilarse) y la jubilación parcial con contrato de relevo antes de la edad ordinaria. La pensión de jubilación es además compatible con la pensión de viudedad, aunque la suma de ambas no puede superar la pensión máxima del sistema.

Preguntas frecuentes

¿Con cuántos años cotizados puedo jubilarme a los 65 en 2026? Con 38 años y 3 meses o más. Si no llegas, tu edad ordinaria es 66 años y 10 meses.

¿Cuántos años necesito para cobrar el 100% de la pensión? 36 años y 6 meses en 2026. A partir de 2027 serán 37 años.

¿Tengo que pedir yo la nueva fórmula de cálculo de 2026? No. La Seguridad Social calcula tu base reguladora con las dos fórmulas y te aplica automáticamente la más favorable.

¿Qué pasa si solo he cotizado 15 años? Tienes derecho a pensión contributiva, pero solo al 50% de tu base reguladora. Si el resultado queda por debajo de la pensión mínima y tus ingresos no superan el límite, el complemento a mínimos la eleva hasta el mínimo de tu situación.

¿Puedo jubilarme anticipadamente si estoy en paro? Sí, mediante la jubilación anticipada involuntaria: hasta 4 años antes de tu edad ordinaria si el cese fue por causa ajena a ti (despido objetivo o colectivo, entre otras) y tienes 33 años cotizados.

¿La pensión de jubilación paga IRPF? Sí, tributa como rendimiento del trabajo. El INSS aplica retención mensual y después se regulariza en la declaración de la renta.

¿Qué pasa con mi pensión si fallezco? Tu cónyuge o pareja de hecho registrada puede tener derecho a la pensión de viudedad, calculada sobre tu base reguladora. Explicamos requisitos y cuantías en la guía de la pensión de viudedad.

¿Cotizar más allá del 100% sirve de algo? Sí, si retrasas la jubilación: cada año de demora tras tu edad ordinaria suma un 4% adicional o un pago único, y desde 2026, un 2% extra por semestre a partir del segundo año.

Recursos oficiales

• Ley General de la Seguridad Social (arts. 204-215) — BOE
• Real Decreto-ley 2/2023 — reforma de pensiones — BOE
• Real Decreto 241/2026 — cuantías 2026 — BOE
• Sede Electrónica de la Seguridad Social — simulador y solicitud

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Aviso legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Las cuantías y requisitos corresponden a la normativa vigente en 2026. Para tu caso concreto, utiliza el simulador oficial de la Seguridad Social o consulta en el INSS.

RESUMEN: Para cobrar el paro (prestación contributiva por desempleo) en 2026 necesitas haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años, perder el empleo de forma involuntaria e inscribirte como demandante de empleo. Cobrarás el 70% de tu base reguladora los primeros 6 meses y el 60% a partir del séptimo, con un máximo de entre 1.225 y 1.575 €/mes y un mínimo de entre 560 y 749 €/mes según tus hijos a cargo. La duración va de 4 meses a 2 años según lo cotizado. El plazo para solicitarlo es de 15 días hábiles desde el cese.

Perder el trabajo es uno de los momentos económicamente más delicados de la vida laboral, y los primeros días son decisivos: hay un plazo corto para solicitar la prestación y varios trámites que conviene hacer en orden. En esta guía te explicamos, con las cifras vigentes en 2026, quién tiene derecho al paro, cuánto se cobra exactamente, cuánto dura y cómo se pide paso a paso.

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Qué es la prestación por desempleo

El paro es el nombre coloquial de la prestación contributiva por desempleo, regulada en los artículos 262 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. La gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y protege a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de forma temporal o definitiva, o ven reducida su jornada entre un 10% y un 70%.

Es una prestación contributiva: se genera con las cotizaciones por desempleo que aparecen cada mes en tu nómina. No debe confundirse con el subsidio por desempleo, que es una ayuda asistencial de cuantía fija para quienes no alcanzan la cotización mínima o han agotado el paro (lo vemos al final de esta guía).

Requisitos para cobrar el paro

Para tener derecho a la prestación contributiva debes cumplir todos estos requisitos:

El punto que más dudas genera es la situación legal de desempleo. La regla básica: si te vas tú, no hay paro; si te echan o el contrato termina, sí. La baja voluntaria no da derecho a prestación, con excepciones tasadas: traslado forzoso de centro de trabajo, modificación sustancial de condiciones que perjudique tu formación o dignidad, impagos reiterados de salario o ser víctima de violencia de género. En estos casos la salida se considera involuntaria a efectos de la prestación.

Un detalle que muchos trabajadores desconocen: las vacaciones pagadas y no disfrutadas cuentan como días cotizados, y el paro no empieza hasta que ese periodo termina. La empresa debe reflejarlas en el certificado de empresa, y son uno de los conceptos que debes revisar en tu finiquito.

[Imagen: calendario y calculadora sobre una mesa de trabajo / Unsplash: «calendar calculator desk planning»]

Cuánto se cobra en 2026

La cuantía depende de tu base reguladora: la media de tus bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días trabajados, sin contar las horas extraordinarias. La encontrarás en tus nóminas, en el apartado de bases de cotización.

Sobre esa base se aplican dos porcentajes:

• 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días (6 meses).
• 60% de la base reguladora desde el día 181 hasta agotar la prestación.

El paro nunca es el 100% de tu sueldo: en el mejor de los casos cobrarás el 70% de tu base de cotización, y a partir del séptimo mes bajará al 60%.

Topes máximos y mínimos en 2026

El resultado del cálculo tiene límites, vinculados al IPREM (600 €/mes en 2026, congelado por la prórroga presupuestaria) y al número de hijos a cargo:

Se consideran hijos a cargo los menores de 26 años (o mayores con discapacidad igual o superior al 33%) que convivan contigo o dependan económicamente de ti y no tengan rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional.

Ejemplo práctico

Marta es despedida en julio de 2026. Su base de cotización media de los últimos 6 meses es de 1.800 €/mes y no tiene hijos:

• Meses 1 a 6: 70% de 1.800 € = 1.260 €. Como supera el tope sin hijos, cobrará el máximo: 1.225 €/mes brutos.
• Desde el mes 7: 60% de 1.800 € = 1.080 €/mes brutos.

Puedes obtener un cálculo orientativo personalizado con el programa de autocálculo del SEPE, de acceso libre y sin necesidad de certificado digital.

Cuánto dura el paro

La duración depende de los días cotizados por desempleo en los 6 años anteriores al cese (o desde el nacimiento de tu prestación anterior). La regla rápida: por cada año trabajado, 4 meses de paro, hasta un máximo de 2 años.

En el trabajo a tiempo parcial, cada día trabajado cuenta como un día cotizado con independencia de la jornada. Puedes comprobar tus días cotizados en tu informe de vida laboral, disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Descuentos: lo que cobras en neto

El importe de las tablas anteriores es bruto. De tu prestación mensual se descuentan dos conceptos:

• Cotización a la Seguridad Social: el SEPE asume la aportación empresarial, pero te descuenta el 100% de la cuota del trabajador: el 4,70% por contingencias comunes más el 0,15% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026 (4,85% en total), aplicado sobre tu base reguladora, no sobre lo que cobras.
• Retención de IRPF, cuando proceda. El paro tributa como rendimiento del trabajo, y el SEPE suele aplicar retenciones muy bajas o nulas por defecto. Cuidado con esto: si en el mismo año has cobrado salario y paro tendrás dos pagadores, y el límite de ingresos que obliga a presentar la declaración de la renta baja notablemente. Puedes pedir al SEPE que te aplique una retención mayor para evitar sustos.

A cambio de esa cotización, mientras cobras el paro sigues cotizando para la jubilación, la incapacidad y otras contingencias comunes, con una base igual a tu base reguladora. Esos meses cuentan en tu vida laboral de cara a prestaciones futuras como la pensión de jubilación o la incapacidad permanente.

Cómo solicitar el paro

1. Inscríbete como demandante de empleo en el servicio de empleo de tu comunidad autónoma (LABORA en la Comunitat Valenciana, SAE en Andalucía, etc.). Este paso es previo e imprescindible.

2. Reúne la documentación: DNI o NIE, número de cuenta bancaria de la que seas titular, libro de familia si alegas hijos a cargo y el certificado de empresa (la mayoría de empresas lo envían telemáticamente al SEPE, compruébalo antes de tu cita).

3. Presenta la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes al cese (no cuentan sábados, domingos ni festivos; si tenías vacaciones pendientes, el plazo empieza cuando estas terminan). Tienes tres vías:

• Online, en la Sede Electrónica del SEPE con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.
• Presolicitud telemática sin certificado, desde la propia web del SEPE.
• Presencial en tu oficina de prestaciones, siempre con cita previa.

4. Espera la resolución. Puedes consultar el estado en la sede electrónica o en el teléfono de atención del SEPE (900 81 24 00). El pago se realiza por mensualidades de 30 días, normalmente el día 10 de cada mes o el siguiente hábil.

Si presentas la solicitud fuera de plazo no pierdes el derecho, pero sí los días de prestación transcurridos entre el fin del plazo y tu solicitud. Cada día de retraso es un día de paro que no cobrarás.

Compatibilidades: trabajar, emprender o capitalizar

Trabajo a tiempo parcial. Puedes compatibilizar el paro con un empleo a tiempo parcial: la prestación se reduce en proporción a la jornada trabajada.

Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Desde abril de 2025 es posible compatibilizar la prestación con un empleo a tiempo completo o parcial durante un máximo de 180 días, si ya has consumido al menos 12 meses de prestación y el salario del nuevo trabajo no supera el 225% del IPREM (1.350 €/mes). La cuantía del complemento es decreciente y depende de la jornada pactada; el detalle está en la página de cuantías del SEPE.

Pago único (capitalización). Si vas a iniciar una actividad como autónomo o incorporarte a una cooperativa o sociedad laboral, puedes cobrar de golpe toda la prestación pendiente para financiar la inversión inicial. Este pago único está exento de IRPF siempre que mantengas la actividad durante al menos cinco años. Si estás valorando ese salto, te interesa nuestra guía sobre autónomo o SL: cuál te conviene.

Nuevo empleo y reanudación. Si encuentras trabajo antes de agotar el paro, la prestación se suspende y podrás reanudarla si vuelves a quedarte sin empleo. Si el nuevo trabajo dura 360 días o más, generarás un derecho nuevo y podrás elegir entre reabrir el antiguo o cobrar el nuevo (derecho de opción); los días del que no elijas se pierden.

Qué pasa al agotar el paro

Si agotas la prestación contributiva y sigues sin empleo, puedes acceder al subsidio por desempleo, reformado por el Real Decreto-ley 2/2024, siempre que acredites carencia de rentas (ingresos propios que no superen el 75% del SMI sin pagas extras, unos 915,75 €/mes con el SMI de 2026). Desde la reforma, la cuantía del subsidio es decreciente:

También existe un subsidio por cotización insuficiente para quienes no llegan a los 360 días de cotización: basta con 90 días cotizados si se tienen responsabilidades familiares, o 180 días si no se tienen. Y el subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene en el 80% del IPREM y es el único que cotiza para la jubilación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar el paro si me voy voluntariamente del trabajo?

No. La baja voluntaria no es situación legal de desempleo. Solo hay excepciones si la salida se debe a incumplimientos graves de la empresa (impago de salarios, traslado forzoso, modificación sustancial de condiciones) o a ser víctima de violencia de género.

¿Qué pasa si se me pasa el plazo de 15 días hábiles?

No pierdes el derecho a la prestación, pero sí los días transcurridos desde que acabó el plazo hasta que presentaste la solicitud: se descuentan de la duración total.

¿El paro cuenta para la jubilación?

Sí. Mientras cobras la prestación contributiva, el SEPE cotiza por ti por contingencias comunes (jubilación incluida) con una base igual a tu base reguladora. Los subsidios, en cambio, no cotizan para la jubilación, salvo el de mayores de 52 años.

¿Cuándo paga el SEPE cada mes?

El pago se hace por mensualidades de 30 días, normalmente el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil si es festivo, mediante ingreso en la cuenta bancaria que indicaste en la solicitud.

¿Puedo trabajar y cobrar el paro a la vez?

Con un contrato a tiempo parcial, sí: la prestación se reduce en proporción a la jornada. Además, desde 2025 el Complemento de Apoyo al Empleo permite compatibilizar prestación y empleo hasta 180 días si cumples los requisitos.

¿Cuánto paro me queda si encuentro trabajo y luego lo pierdo?

La prestación se suspende y se reanuda por los días que te quedaban. Si el nuevo empleo duró 360 días o más, habrás generado un derecho nuevo y podrás elegir entre la prestación antigua o la nueva.

¿Hay que declarar el paro en la renta?

Sí, la prestación es rendimiento del trabajo y tributa en el IRPF. Si en el mismo año cobras nómina y paro tendrás dos pagadores, lo que reduce el límite de ingresos a partir del cual estás obligado a presentar la declaración.

¿Qué cobro si no llego a 360 días cotizados?

No tendrás prestación contributiva, pero puedes solicitar el subsidio por cotización insuficiente: necesitas al menos 90 días cotizados si tienes responsabilidades familiares (180 si no las tienes) y cumplir el requisito de carencia de rentas.

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Aviso legal: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La normativa sobre prestaciones por desempleo puede cambiar; consulta siempre las fuentes oficiales (SEPE, BOE) o acude a un profesional para tu caso concreto.

Resumen ejecutivo La jornada laboral de 37,5 horas semanales no está en vigor en España para el sector privado. El proyecto de ley del Gobierno fue rechazado en el Congreso el 10 de septiembre de 2025. A julio de 2026, la jornada máxima legal para trabajadores por cuenta ajena sigue siendo 40 horas semanales según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que sí ha cambiado es la jornada de los empleados públicos de la Administración General del Estado, que desde el 16 de abril de 2026 trabajan 35 horas semanales.

La reducción de jornada ha sido uno de los temas laborales más comentados de los últimos dos años. Sin embargo, existe una confusión generalizada: muchos trabajadores creen que las 37,5 horas ya están en vigor o que lo estarán en breve.

En esta guía explicamos exactamente qué ha pasado, qué dice la ley hoy para cada colectivo, y qué puede cambiar en los próximos meses.

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Qué dice la ley hoy para los trabajadores

La jornada máxima ordinaria de trabajo en España es de 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual. Así lo establece el artículo 34.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Esta jornada máxima no ha cambiado desde 1983 para el sector privado. Los convenios colectivos o los contratos individuales pueden establecer jornadas más cortas, pero ninguna empresa puede superar ese techo legal.

Lo que marca la diferencia en la práctica es el convenio colectivo de cada sector. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 79,7% de los trabajadores cubiertos por convenio ya trabajan entre 37,5 y 39,5 horas semanales. Esto significa que para muchos empleados la reducción, si finalmente se aprueba, no supondría ningún cambio real.

Por qué se habló tanto de las 37,5 horas

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la reducción de jornada como uno de sus compromisos legislativos prioritarios. El proceso fue el siguiente:

El rechazo fue decisivo: PP, Vox y Junts per Catalunya presentaron enmiendas a la totalidad. El voto de Junts fue determinante para tumbar la norma, que volvió al Gobierno sin posibilidad de tramitarse en su forma actual.

Qué incluía el proyecto rechazado

Aunque la ley no salió adelante, es útil conocer su contenido porque marca la dirección de las futuras negociaciones. El texto aprobado por el Consejo de Ministros contemplaba:

• Reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial
• Adaptación de los convenios colectivos antes del 31 de diciembre de 2025
• Registro horario digital obligatorio con acceso remoto de la Inspección de Trabajo
• Derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral
• Sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador en caso de incumplimiento

«La jornada máxima legal en España sigue siendo 40 horas semanales para los trabajadores del sector privado. Cualquier información que afirme lo contrario es incorrecta a fecha de julio de 2026.»

La excepción que sí es real: los funcionarios de la AGE trabajan 35 horas

Mientras el debate sobre las 37,5 horas sigue sin resolverse para el sector privado, los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) sí han visto reducida su jornada, y además a un límite inferior.

La Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE el 15 de abril, fijó la jornada general en 35 horas semanales con efectos desde el 16 de abril de 2026.

Esta medida se apoya en el acuerdo alcanzado en marzo de 2026 entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y no requirió tramitación parlamentaria porque se apoya en las competencias de organización del trabajo de la propia Administración, reconocidas en los artículos 47 y 51 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

A quién afecta la jornada de 35 horas

Algunas comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o el País Vasco ya aplicaban la jornada de 35 horas antes de esta resolución estatal. La aprobación en la AGE aumenta la presión sobre el resto de administraciones autonómicas y locales que aún no la han implantado.

Qué pasa ahora con la jornada de 37,5 horas en el sector privado

Tras el rechazo parlamentario, el Gobierno ha confirmado que mantiene el objetivo de reducir la jornada, pero tendría que empezar el proceso legislativo desde cero: nuevo proyecto de ley, nueva ronda de diálogo social y nueva mayoría parlamentaria suficiente.

A julio de 2026 no hay un nuevo proyecto de ley en tramitación ni fecha prevista para su aprobación en el sector privado.

Lo que sí avanza es el registro horario digital, que el Gobierno decidió separar de la ley de jornada para aprobarlo por real decreto, sin necesidad de mayoría parlamentaria.

El registro horario digital: la norma que sí viene

Aunque la reducción de jornada está paralizada en el sector privado, el Gobierno tramita por separado la obligatoriedad del registro horario digital mediante real decreto, al amparo del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

El cronograma de este real decreto ha sido:

El dictamen del Consejo de Estado fue especialmente relevante: señaló que el borrador presentaba deficiencias en la evaluación del impacto económico, planteaba reservas sobre la protección de datos de los trabajadores y consideró que algunas obligaciones requerirían rango de ley, no de reglamento.

El escenario más probable es que el real decreto no se publique antes del segundo semestre de 2026, o incluso que quede para 2027.

Qué exige la ley ya hoy sobre el registro horario

Independientemente del nuevo real decreto, existe una obligación vigente desde 2019. El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, modificó el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores e introdujo las siguientes obligaciones para todas las empresas, sin excepción de tamaño o sector:

• Registro diario de la jornada laboral de cada trabajador, con hora de inicio y finalización
• Conservación de los registros durante 4 años
• Disponibilidad de los registros para los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo

Con la normativa actual, el registro puede hacerse en papel, Excel o de forma digital, siempre que sea fiable, objetivo y no manipulable. Sin embargo, la Inspección de Trabajo ya sanciona registros que considera poco fiables. En 2024 se levantaron 1.869 actas de infracción por registro horario, con multas que alcanzan hasta 7.500 euros por infracción grave con la normativa vigente.

Qué cambiará cuando entre en vigor el registro digital

Cuando el real decreto se publique en el BOE, las empresas tendrán que adaptar sus sistemas. Estos son los cambios principales que contempla el borrador:

Diferencias entre convenio y ley: lo que importa a tu nómina

Una confusión habitual es pensar que la jornada máxima legal determina cuántas horas trabaja cada empleado. En la práctica, lo que manda es el convenio colectivo de tu sector, que puede fijar jornadas inferiores a las 40 horas legales.

Si tu convenio ya establece 37,5 horas o menos, la futura ley —si finalmente se aprueba— no cambiaría nada para ti. Si tu convenio fija más de 37,5 horas semanales, sí te afectaría cuando entre en vigor.

Para consultar el convenio aplicable a tu empresa puedes acceder al buscador de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Están en vigor las 37,5 horas semanales en España en 2026? No, para el sector privado. La jornada máxima legal sigue siendo 40 horas semanales según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. El proyecto de ley que proponía reducirla a 37,5 horas fue rechazado por el Congreso el 10 de septiembre de 2025.

¿Y los funcionarios trabajan menos horas desde 2026? Sí, pero son los empleados públicos de la Administración General del Estado, no todos los funcionarios de España. Desde el 16 de abril de 2026, el personal de la AGE trabaja 35 horas semanales, según la Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE-A-2026-8287). Esta medida no aplica al sector privado ni a todas las comunidades autónomas.

¿Cuándo podría aprobarse la reducción de jornada en el sector privado? No hay fecha prevista. El Gobierno tendría que presentar un nuevo proyecto de ley desde cero y conseguir mayoría parlamentaria suficiente. A julio de 2026 no hay ningún texto nuevo en tramitación.

¿Me puede sancionar mi empresa por no aplicar las 37,5 horas? No. Al no estar en vigor, ninguna empresa del sector privado tiene obligación de reducir la jornada. Si tu contrato o convenio establece 40 horas, esa es la jornada legal aplicable.

¿Qué ocurre si mi convenio ya establece 37,5 horas o menos? Si tu convenio fija una jornada igual o inferior a 37,5 horas, ya disfrutas de esa reducción por vía colectiva. La futura ley, si se aprueba, no cambiaría nada para ti.

¿Es ya obligatorio el fichaje digital en 2026? No. El real decreto que obliga al registro horario digital todavía no se ha publicado en el BOE. Lo que sí es obligatorio desde 2019 es tener algún sistema de registro de jornada, aunque puede ser en papel o Excel si es fiable.

¿Qué pasa si mi empresa no tiene ningún sistema de registro horario? Incumple la ley desde 2019. La Inspección de Trabajo puede levantar un acta de infracción grave con multas de entre 751 y 7.500 euros, según el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

¿Qué incluía exactamente el proyecto de ley rechazado? Además de la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas sin merma salarial, el texto incluía el registro horario digital obligatorio, el derecho a la desconexión digital y sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador afectado. Al rechazarse el conjunto, todas estas medidas quedaron sin efecto para el sector privado, aunque el registro digital avanza por separado vía real decreto.

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Aviso legal: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La información se basa en la normativa vigente a julio de 2026. Para cualquier consulta sobre tu situación concreta, consulta con un profesional del derecho laboral. Fuentes: Real Decreto Legislativo 2/2015 — Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto-ley 8/2019; Resolución de 14 de abril de 2026 — BOE-A-2026-8287; Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En resumen: Al vender una vivienda en España tributas en el IRPF por la ganancia patrimonial, es decir, por la diferencia entre lo que te costó y por lo que la vendes (descontando gastos e impuestos). En 2026 esa ganancia tributa en la base del ahorro a tipos progresivos del 19% al 30%. Pero hay tres vías que pueden dejar el impuesto en cero: la exención por reinversión en vivienda habitual, la exención para mayores de 65 años y los coeficientes de abatimiento para inmuebles comprados antes de 1995. Calcula tu caso con la herramienta de esta página.

Vender un piso casi nunca es solo cobrar el precio y entregar las llaves. Hacienda espera su parte, y conviene saber cuánta antes de firmar ante notario, no después.

La buena noticia es que el IRPF no grava todo el dinero que recibes, sino únicamente el beneficio real de la operación. Y existen exenciones potentes que muchos contribuyentes no aplican simplemente porque no saben que existen.

Qué grava realmente el impuesto

Cuando vendes un inmueble por un precio superior al que pagaste, se genera una ganancia patrimonial que se integra en la base imponible del ahorro del IRPF, según los artículos 33 a 38 de la Ley 35/2006 del IRPF.

El impuesto no se aplica sobre el precio de venta, sino sobre la ganancia. Y esa ganancia se calcula con dos magnitudes:

• Valor de transmisión: el precio de venta menos los gastos que asumes como vendedor (comisión de la inmobiliaria, plusvalía municipal, cancelación de hipoteca).
• Valor de adquisición: el precio al que compraste más los gastos e impuestos de aquella compra (ITP o IVA, notaría, registro) y las reformas con factura que hayan mejorado el inmueble.

La diferencia entre ambos es la ganancia sujeta a tributación.

No tributas por lo que vendes, sino por lo que ganas. Y de ese beneficio aún puedes descontar gastos y, en muchos casos, aplicar exenciones que lo reducen a cero.

Los tramos del IRPF en 2026

La ganancia se integra en la base del ahorro, que en 2026 tributa con una escala progresiva de cinco tramos. El último tramo subió del 28% al 30% con la Ley 7/2024, con efectos desde 2025. Este es un detalle importante: muchas calculadoras siguen aplicando el 28% antiguo.

Como es una escala progresiva, cada tramo tributa a su tipo: una ganancia de 100.000 euros no paga el 23% sobre el total, sino 19% sobre los primeros 6.000, 21% sobre los siguientes 44.000 y 23% sobre los 50.000 restantes.

Calcula tu IRPF

La herramienta aplica automáticamente la escala del ahorro de 2026 y las exenciones que marques. Recuerda que el resultado es una estimación orientativa: el cálculo definitivo se confirma en el borrador de la Agencia Tributaria.

La exención por reinversión en vivienda habitual

Es la vía de ahorro más utilizada. Si vendes tu vivienda habitual y destinas el importe obtenido a comprar otra vivienda habitual, la ganancia queda exenta. Está regulada en el artículo 38 de la Ley del IRPF y desarrollada en el artículo 41 del Reglamento del IRPF.

Las condiciones esenciales son:

• La vivienda vendida debe haber sido tu residencia habitual (con carácter general, residencia continuada durante al menos tres años, salvo excepciones como matrimonio, traslado laboral o cambio de empleo).
• La reinversión debe producirse en un plazo de dos años, anteriores o posteriores a la venta.
• Si reinviertes la totalidad del importe, la ganancia queda exenta al 100%.
• Si reinviertes solo una parte, la exención es proporcional: únicamente tributa la ganancia correspondiente a la parte no reinvertida.

La reinversión cuenta tanto si compras después de vender como si ya habías comprado la nueva vivienda en los dos años anteriores. También computa el dinero destinado a amortizar la hipoteca de la nueva vivienda habitual.

La exención para mayores de 65 años

Si tienes 65 años o más y vendes tu vivienda habitual, la ganancia queda totalmente exenta, sin necesidad de reinvertir nada. Así lo recoge el artículo 33.4.b de la Ley del IRPF.

Es una exención muy ventajosa y de aplicación sencilla, siempre que se cumpla el requisito de que el inmueble sea la vivienda habitual del contribuyente. Para inmuebles que no son la vivienda habitual, los mayores de 65 años también pueden lograr la exención reinvirtiendo el importe en una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros.

Los coeficientes de abatimiento (compras anteriores a 1995)

Si compraste el inmueble antes del 31 de diciembre de 1994, puedes reducir la parte de la ganancia generada hasta el 19 de enero de 2006 mediante los coeficientes de abatimiento de la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF.

Para inmuebles, la reducción es del 11,11% por cada año de permanencia que exceda de dos, contados desde la compra hasta el 31 de diciembre de 1996. Existe un límite global: los coeficientes solo se aplican mientras el valor de transmisión acumulado de todas las ventas con derecho a esta reducción, desde el 1 de enero de 2015, no supere los 400.000 euros.

Es el cálculo más complejo del impuesto. La parte de ganancia anterior a 2006 se determina por prorrateo entre fechas concretas, por lo que conviene verificar el resultado con la Agencia Tributaria o un asesor antes de declarar.

Qué pasa si vendes con pérdidas

Si vendes por debajo del valor de adquisición, no hay ganancia y no pagas IRPF. Esa pérdida patrimonial debe declararse igualmente, y puedes compensarla con otras ganancias de la base del ahorro del mismo ejercicio o de los cuatro años siguientes, según el artículo 49 de la Ley del IRPF.

IRPF y plusvalía municipal no son lo mismo

Es la confusión más habitual. Al vender una vivienda pagas dos impuestos distintos:

• El IRPF (estatal): grava la ganancia patrimonial real y se declara en la renta del año siguiente.
• La plusvalía municipal (IIVTNU): la cobra el ayuntamiento sobre el incremento de valor del suelo urbano.

Son tributos independientes y, salvo exención, se pagan ambos.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que declarar la venta aunque no gane dinero? Sí. Toda transmisión de un inmueble debe declararse en el IRPF, incluso si el resultado es una pérdida patrimonial.

¿Qué gastos puedo descontar para reducir la ganancia? Del precio de compra: ITP o IVA, notaría, registro y reformas con factura que aumenten el valor. Del precio de venta: comisión de la inmobiliaria, plusvalía municipal y gastos de cancelación de hipoteca.

¿Cuándo se paga el IRPF de la venta? No se paga en el momento de la venta, sino en la declaración de la renta del ejercicio siguiente al de la transmisión.

¿La reinversión tiene que ser inmediata? No. El plazo es de dos años, antes o después de la venta. Si compraste la nueva vivienda habitual hasta dos años antes, también cuenta como reinversión.

¿Y si reinvierto solo una parte del dinero? La exención es proporcional. Solo tributa la ganancia correspondiente a la parte del importe que no reinviertes en la nueva vivienda habitual.

¿Los mayores de 65 años pagan algo al vender su vivienda habitual? No. La ganancia por la venta de la vivienda habitual está totalmente exenta para mayores de 65 años, sin necesidad de reinvertir.

¿Cómo tributa la venta si no soy residente fiscal en España? Se aplica el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), con reglas y retención propias (el comprador retiene un 3% del precio a cuenta). Este caso queda fuera de esta calculadora.

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Aviso legal: este contenido tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento fiscal personalizado. Los cálculos son orientativos y no sustituyen al borrador oficial de la Agencia Tributaria ni a la consulta con un profesional. Fuentes normativas: Ley 35/2006 del IRPF, Reglamento del IRPF (RD 439/2007) y Ley 7/2024.

En resumen: La hoja de reclamaciones es un documento oficial que cualquier consumidor puede pedir gratis en un establecimiento cuando hay un problema con un producto o servicio. La empresa está obligada por ley a entregarla y negarse puede suponerle una multa. Una vez rellenada, el consumidor se queda con un ejemplar y presenta su copia ante el organismo de consumo de su comunidad autónoma (OMIC o Dirección General de Consumo), que puede mediar entre las partes o abrir un expediente sancionador. No es un juicio: sirve para dejar constancia escrita del conflicto y poner los hechos en conocimiento de la Administración.

Cuando un comercio te cobra de más, se niega a aplicar la garantía o un servicio no es lo que prometía, tienes una herramienta gratuita y al alcance de la mano: la hoja de reclamaciones. Es uno de los mecanismos de defensa del consumidor más conocidos y, a la vez, peor utilizados. Saber rellenarla y presentarla correctamente marca la diferencia entre una reclamación que prospera y otra que se queda en nada.

En esta guía explicamos qué es exactamente, en qué casos conviene usarla, cómo rellenarla sin errores y qué pasa después de presentarla, todo conforme a la normativa vigente en 2026.

Qué es una hoja de reclamaciones

La hoja de reclamaciones es un documento oficial de consumo que permite al cliente expresar de forma formal una queja o disconformidad cuando considera que un comercio o una empresa no ha actuado correctamente. Su finalidad es doble: dejar constancia escrita de los hechos y permitir, si es necesario, la intervención de la Administración de consumo.

No hay que confundirla con una simple hoja de sugerencias interna. Se trata de un impreso oficial, normalmente en juegos de varios folios autocopiativos: uno para el reclamante, uno para la empresa y otro para la Administración.

En España, la obligación de tener y entregar estas hojas está regulada a nivel autonómico. El marco básico estatal lo fija el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), pero cada comunidad autónoma desarrolla su propio decreto con el modelo concreto de hoja, el procedimiento y las sanciones por incumplimiento. Por eso el impreso de Andalucía no es idéntico al de Madrid o al de la Comunitat Valenciana, aunque el funcionamiento sea muy parecido en todas.

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Negarse a entregar la hoja de reclamaciones, o poner trabas para ello, constituye por sí mismo una infracción de consumo, al margen del problema que motivó la queja.

Queja, reclamación y denuncia: no es lo mismo

El propio impreso suele permitir marcar el tipo de actuación, y la distinción tiene consecuencias prácticas sobre qué puede hacer la Administración después.

En la práctica, la mayoría de consumidores presentan una reclamación, porque quieren una solución concreta a su problema (que les devuelvan el dinero, les reparen el producto o les cumplan el contrato). La denuncia se reserva para cuando el objetivo es alertar a la Administración de una mala práctica, sin esperar nada a cambio.

Cuándo conviene usar la hoja de reclamaciones

La hoja resulta especialmente útil en situaciones muy habituales del día a día:

• Diferencia entre el precio marcado o anunciado y el que finalmente te cobran.
• Negativa injustificada a aceptar una devolución o a aplicar la garantía legal del producto.
• Incumplimiento de las condiciones ofertadas o de lo pactado en un contrato.
• Falta de información clara sobre precios, condiciones de venta o características del servicio.
• Mala atención al cliente o trato incorrecto.
• Productos en mal estado, caducados o que no se corresponden con lo anunciado.

Conviene recordar una idea esencial que muchos comercios olvidan, sobre todo en época de rebajas: los derechos del consumidor no se rebajan. La garantía legal, el derecho a información veraz y la obligación de cumplir lo ofertado se mantienen igual estén o no los productos con descuento.

Qué empresas están obligadas a tenerlas

Como norma general, toda persona física o jurídica que venda productos o preste servicios a consumidores finales debe disponer de hojas de reclamaciones y entregarlas cuando se las pidan. Esto incluye, entre otros:

• Comercio al por menor: tiendas, supermercados, etc.
• Hostelería y restauración: bares, restaurantes, hoteles.
• Empresas de transporte y espacios de ocio.
• Servicios profesionales y talleres.
• Comercios online, que deben facilitar el acceso al impreso mediante formulario o descarga.

Las exenciones varían según la comunidad autónoma. En algunos territorios quedan fuera, por ejemplo, los profesionales liberales colegiados, los centros de enseñanza reglada o los servicios públicos prestados directamente por la Administración. Además, ciertos sectores con normativa propia (transporte, energía, telecomunicaciones, banca) cuentan con modelos y vías de reclamación específicas que conviven con la hoja general.

Las empresas deben conservar las hojas de reclamaciones durante el plazo que fije su normativa autonómica (habitualmente varios años) para poder responder a inspecciones o requerimientos de las autoridades de consumo.

Cómo rellenar la hoja paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere abogado ni conocimientos técnicos. Estos son los pasos:

1. Pídela en el establecimiento

Solicítala directamente, sin tener que dar explicaciones ni justificar el motivo. El comercio no puede negarse ni retrasar su entrega. Si no la tienen disponible o se niegan a dártela, anota lo ocurrido (día, hora, personas presentes) porque esa negativa es en sí misma una infracción que puedes denunciar.

2. Rellena tus datos y los de la empresa

Identifícate (nombre, DNI/NIE, domicilio y, si tienes, correo electrónico) e incluye los datos del establecimiento reclamado.

3. Describe los hechos de forma clara y objetiva

Explica qué ha pasado, cuándo y por qué consideras que se han vulnerado tus derechos. Concreta también qué solución pides: devolución del importe, reparación, cambio del producto, cumplimiento del contrato, indemnización, etc. Evita valoraciones personales o insultos; cíñete a los hechos.

4. Adjunta pruebas

Acompaña copia (nunca el original) de tiques, facturas, presupuestos, contratos, publicidad, fotografías o capturas de pantalla. Cuanta más documentación, más sólida será tu reclamación.

5. Reparte los ejemplares

Entrega a la empresa el ejemplar que le corresponde. La empresa puede añadir sus alegaciones, pero nunca modificar el contenido de tu reclamación. Tú te quedas con tu copia y, según la comunidad, con el ejemplar destinado a la Administración.

6. Presenta tu copia ante Consumo

Lleva tu ejemplar al organismo de consumo competente: una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma o la vía telemática habilitada. En algunas comunidades existen sistemas de hoja electrónica que permiten todo el trámite por internet.

Qué pasa después de presentarla

El recorrido tiene normalmente dos fases. En la primera, de carácter privado, la empresa debe responder a tu reclamación en un plazo breve (por ejemplo, en Andalucía la normativa fija un máximo de 10 días hábiles), proponiendo una solución o justificando por qué no la hay. Solo si no responde o su respuesta no te satisface, pasas a la segunda fase, presentando tu copia ante la Administración de consumo.

Una vez presentada la reclamación ante Consumo, la Administración puede:

1. Solicitar explicaciones a la empresa sobre los hechos reclamados.
2. Intentar una mediación entre las partes para alcanzar un acuerdo amistoso.
3. Abrir un procedimiento sancionador si detecta una infracción de la normativa de consumo.

Es importante entender una limitación: la hoja de reclamaciones no obliga a la empresa a indemnizarte ni garantiza que recuperes tu dinero. La Administración de consumo no actúa como un juez que dicta sentencia a tu favor; su papel es de control, mediación e inspección. Si la mediación no funciona y quieres una resolución vinculante sin ir a juicio, el siguiente paso natural es el arbitraje de consumo.

La nueva Ley de Atención a la Clientela (Ley 10/2025)

Desde el 27 de diciembre de 2025 está en vigor la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela, la primera norma estatal que regula de forma específica cómo deben atender las empresas las quejas y reclamaciones. Es relevante porque refuerza tus derechos antes incluso de llegar a la hoja de reclamaciones.

Sus obligaciones principales recaen sobre grandes empresas y prestadores de servicios básicos (agua, energía, telecomunicaciones, transporte de viajeros, servicios postales, financieros y audiovisuales de pago). Para ellas, entre otras medidas:

• Deben resolver las quejas y reclamaciones en un plazo máximo de quince días hábiles.
• Deben entregar un justificante con una clave de seguimiento para que puedas consultar el estado de tu reclamación.
• La respuesta debe ser motivada y concreta, sin contestaciones genéricas, e informarte de las vías de resolución extrajudicial (como el arbitraje) si rechazan tu pretensión.
• No pueden usar la atención al cliente para colarte ofertas comerciales ni emplear bots como único canal.

Las empresas afectadas tienen de plazo hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptarse por completo a la Ley 10/2025. Esta norma convive con las hojas de reclamaciones autonómicas; no las sustituye.

El arbitraje de consumo: el paso siguiente

El Sistema Arbitral de Consumo es una vía gratuita, rápida y voluntaria para resolver conflictos sin acudir a los tribunales. Está regulado por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, que sustituyó al anterior Real Decreto 231/2008. El arbitraje termina con un laudo, una decisión vinculante y ejecutiva para ambas partes, equivalente a una sentencia judicial.

Claves del procedimiento actual:

• Es voluntario: la empresa debe estar adherida al sistema o aceptar someterse al arbitraje en ese caso concreto. Las empresas adheridas suelen exhibir el distintivo oficial.
• Es gratuito y no necesitas abogado ni procurador.
• El laudo debe dictarse y notificarse en un plazo de noventa días naturales desde el día siguiente a la notificación del inicio del procedimiento, prorrogable hasta otros noventa días en casos de especial complejidad. Si las partes alcanzan un acuerdo, el laudo conciliatorio se dicta en el plazo de un mes.
• Si la empresa no está adherida y no acepta el arbitraje, no podrás usar esta vía y deberás acudir a los tribunales ordinarios.

Presentar primero la hoja de reclamaciones es útil incluso de cara al arbitraje o a un juicio posterior: acredita que intentaste resolver el conflicto y deja constancia oficial de la fecha y los hechos.

Sanciones para la empresa que incumple

No tener hojas de reclamaciones, negarse a entregarlas o poner trabas para ello es una infracción administrativa. Las cuantías de las multas varían según la comunidad autónoma y la gravedad, pudiendo alcanzar importes elevados en los casos más graves o de reincidencia. Más allá de la sanción económica, no atender correctamente las reclamaciones daña la reputación del negocio y la confianza de los clientes.

La hoja electrónica: el modelo que viene

Varias comunidades están digitalizando el sistema. Andalucía es el caso más avanzado: el sistema de hojas electrónicas Hoj@, regulado por el Decreto 82/2022 y desarrollado por la Orden de 24 de abril de 2026 (en vigor desde el 20 de mayo de 2026), permite presentar y gestionar reclamaciones de forma íntegramente digital. La gran novedad es que la adhesión de las empresas, antes voluntaria, pasa a ser obligatoria, con un calendario escalonado de alta según el tamaño del negocio.

Con Hoj@, el consumidor puede localizar la empresa mediante un buscador, la geolocalización o el código QR que el establecimiento debe exhibir, presentar la reclamación desde el móvil y recibir notificaciones de lectura y respuesta.[Imagen: persona usando el móvil para escanear un código QR de reclamaciones / Unsplash: «scanning QR code smartphone store»]

Conviene tener claro que, aunque avance la vía digital, las hojas en papel siguen siendo obligatorias: las empresas deben seguir disponiendo de ellas en el formato oficial de tres ejemplares autocopiativos y entregarlas a quien las pida de forma presencial. Es el consumidor quien elige el soporte. Consulta siempre el sistema vigente en tu comunidad autónoma.

Preguntas frecuentes

¿Pueden negarse a darme la hoja de reclamaciones? No. La empresa está obligada a entregarla cuando se la pidas, sin que tengas que justificar el motivo. La negativa es una infracción que puedes denunciar directamente ante Consumo, aportando cualquier prueba de lo ocurrido.

¿Tengo que pagar algo por reclamar? No. Tanto la hoja de reclamaciones como el posterior arbitraje de consumo son gratuitos y no requieren abogado.

¿La hoja de reclamaciones obliga a la empresa a devolverme el dinero? No directamente. Sirve para dejar constancia y que la Administración medie o inspeccione. Para obtener una resolución vinculante sin ir a juicio, la vía es el arbitraje de consumo (si la empresa lo acepta).

¿Dónde presento mi copia de la reclamación? Ante el organismo de consumo de tu comunidad autónoma: una OMIC de tu ayuntamiento, la Dirección General de Consumo autonómica o la vía telemática habilitada.

¿Y si el establecimiento no tiene hojas? Puedes formular tu reclamación o denuncia directamente ante la Administración de consumo, dejando constancia de que el establecimiento no disponía de ellas o se negó a entregarlas.

¿Sirve para compras online? Sí. Los comercios electrónicos también están obligados a facilitar el acceso a la hoja de reclamaciones, normalmente mediante formulario o descarga en su web.

¿Cuánto tarda en resolverse? Depende de la vía. En la fase previa con la empresa, las grandes compañías y prestadoras de servicios básicos deben responder en un máximo de quince días hábiles desde la Ley 10/2025. La mediación administrativa no tiene un plazo único. Si se acude al arbitraje de consumo, el laudo debe dictarse en un máximo de noventa días naturales (prorrogables en casos complejos).

¿Puede la empresa cambiar lo que yo he escrito? No. La empresa puede añadir sus propias alegaciones en su ejemplar, pero no puede modificar ni alterar el contenido de tu reclamación.

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Aviso legal: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La regulación de las hojas de reclamaciones es competencia de cada comunidad autónoma, por lo que el modelo concreto, los plazos y las sanciones pueden variar según el territorio. Para un caso concreto, consulta a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de tu localidad o a la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma.

Fuentes oficiales:

• Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios — RDL 1/2007 (BOE)
• Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (BOE)
• Real Decreto 713/2024, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo (BOE)
• Legislación sobre hojas de reclamaciones por comunidades autónomas — Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Resumen rápido El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables. En 2026, gracias a la prórroga del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, los descuentos extraordinarios se mantienen: 42,5% para el consumidor vulnerable y 57,5% para el vulnerable severo, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Los hogares en riesgo de exclusión social no pagan factura (100%) y tienen prohibido el corte de suministro. Para pedirlo necesitas tener la tarifa regulada PVPC con una comercializadora de referencia, potencia contratada ≤ 10 kW, que sea tu vivienda habitual y cumplir los requisitos de renta según el IPREM. La solicitud es gratuita y se tramita con tu comercializadora.

Más de 1,7 millones de hogares se beneficiaron del bono social en 2025. Si tus ingresos son bajos, eres pensionista, familia numerosa o tienes alguna circunstancia especial, es muy posible que tengas derecho. Aquí te explicamos quién puede pedirlo, cuánto se ahorra y cómo solicitarlo paso a paso.

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Qué es el bono social eléctrico

El bono social es un descuento porcentual sobre el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa regulada de la luz) destinado a proteger a los consumidores domésticos más vulnerables frente al coste de la electricidad.

No es una ayuda que se ingrese: es un descuento que la comercializadora aplica directamente en cada factura. Se regula en el Real Decreto 897/2017, que define las categorías de consumidor y los requisitos.

Cuánto se descuenta en 2026

Los porcentajes actuales son extraordinarios: se aprobaron durante la crisis energética y se han ido prorrogando. La última prórroga, mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, los mantiene durante todo el año.

*Salvo nueva prórroga, a partir del 1 de enero de 2027 volverían los descuentos ordinarios.

El descuento se aplica sobre los términos de energía y potencia del PVPC, pero existe un límite máximo anual de energía con derecho a descuento. La energía que se consuma por encima de ese límite se factura al precio normal del PVPC, sin rebaja.

El ahorro real para un hogar puede situarse, según el consumo, entre 350 y 480 euros al año.

Requisitos generales para pedirlo

Para acceder al bono social, con independencia de tu situación de renta, debes cumplir estas condiciones:

Si estás en el mercado libre, primero tendrás que cambiarte al PVPC con una comercializadora de referencia (COR). El cambio es gratuito y sin penalización.

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Quién tiene derecho: las vías de acceso

Hay varias formas de cumplir el requisito de vulnerabilidad. Basta con encajar en una de ellas.

Por nivel de renta (IPREM)

El umbral se calcula sobre el IPREM de 14 pagas, que en 2026 es de 8.400 euros anuales. Para ser consumidor vulnerable, la renta de la unidad de convivencia no puede superar:

El multiplicador sube 0,3 × IPREM por cada adulto adicional y 0,5 × IPREM por cada menor de la unidad de convivencia. Para ser vulnerable severo, la renta debe ser igual o inferior al 50% de esos umbrales.

Por circunstancias especiales

Los límites de renta se amplían en 1 × IPREM adicional si en la unidad de convivencia concurre alguna de estas situaciones: discapacidad reconocida ≥ 33%, dependencia de Grado II o III, condición de víctima de violencia de género o de terrorismo, o tratarse de una familia monoparental.

Familia numerosa

El título de familia numerosa da acceso al bono social como consumidor vulnerable. (Conviene saber que el Gobierno ha estudiado introducir un tope de renta para este colectivo, que por ahora entra sin límite de ingresos.)

Pensionistas

Quienes perciban una pensión mínima (por jubilación o incapacidad permanente) pueden acceder en condiciones específicas. Si además concurren discapacidad, dependencia o violencia de género, pueden alcanzar la categoría de vulnerable severo.

Riesgo de exclusión social

Es la categoría más protegida. Se da cuando un consumidor vulnerable severo está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que abonan al menos el 50% de su factura. En ese caso, no paga la factura y no se le puede cortar el suministro.

Cómo solicitarlo paso a paso

El trámite es gratuito y se realiza directamente con tu comercializadora de referencia. Estos son los pasos:

1. Comprueba que tienes el PVPC. Si estás en el mercado libre, cámbiate primero a una comercializadora de referencia (es gratis).
2. Reúne la documentación: DNI/NIE del titular y de los miembros de la unidad de convivencia, certificado de empadronamiento que acredite la convivencia, y el modelo de solicitud firmado por todos los mayores de edad. Según tu vía de acceso, añade el título de familia numerosa, el certificado de discapacidad o dependencia, etc.
3. Presenta la solicitud a tu comercializadora de referencia, por su web, correo electrónico o los canales que indique.
4. Espera la resolución. La comercializadora debe resolver en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que recibe la documentación completa.

Para verificar tu renta, la Administración cruza los datos con la Agencia Tributaria, por lo que se comprueba automáticamente que cumples los umbrales.

Cuánto dura y cómo se renueva

El bono social tiene una duración de dos años. Desde la reforma del Real Decreto 897/2017, la renovación es automática: con dos meses de antelación al vencimiento, tu comercializadora de referencia comprueba por sí misma si sigues cumpliendo los requisitos y, en caso afirmativo, lo prorroga otros dos años sin que tengas que hacer ningún trámite. Te lo comunicará en la factura.

La excepción son las familias numerosas: mantienen el bono mientras conserven el título oficial, sin renovación bianual.

Estás obligado a comunicar a la comercializadora, en el plazo de un mes, cualquier cambio que suponga perder la condición de vulnerable (cambios de ingresos, nacimientos, defunciones, divorcios). Si no lo notificas y dejas de cumplir los requisitos, podrían refacturarte los descuentos aplicados de más.

Ten en cuenta también que el bono está vinculado al punto de suministro (CUPS): si te mudas, no se traslada automáticamente y debes solicitarlo de nuevo en la vivienda nueva.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que estar en una compañía concreta? Debes tener el PVPC con una comercializadora de referencia (COR). Solo estas están obligadas por ley a ofrecer el bono social. Si tu compañía actual no es COR, tendrás que cambiarte a una designada.

¿Puedo pedirlo si tengo deudas con la compañía? Sí. El cambio a PVPC y la solicitud del bono son posibles aunque tengas deudas previas, si bien la deuda anterior seguirá siendo reclamable.

¿Me pueden cortar la luz si tengo el bono social? A los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social se les ha prohibido el corte de suministro hasta el 31 de diciembre de 2026. También hay protección reforzada cuando en la vivienda residen menores de 16 años o personas con dependencia grado II/III o discapacidad ≥ 33%.

¿El bono social térmico se pide aparte? No. El bono social térmico (ayuda anual para calefacción y agua caliente) se concede automáticamente a quienes ya tienen el bono social eléctrico. No requiere solicitud adicional.

¿Qué pasa si gasto más electricidad de la cubierta? El descuento se aplica hasta un límite máximo anual de energía. El consumo que supere ese límite se factura al precio del PVPC sin descuento, pero el suministro no se corta por ese motivo.

¿Cuánto se tarda en resolver la solicitud? La comercializadora dispone de 15 días hábiles desde que recibe toda la documentación correctamente para comunicarte la resolución.

¿Tengo que renovarlo cada dos años? No tienes que hacer el trámite tú. La renovación es automática: la comercializadora comprueba con dos meses de antelación si sigues cumpliendo los requisitos y, si es así, lo prorroga. Solo las familias numerosas dependen de la vigencia de su título. Si te mudas, sí debes solicitarlo de nuevo.

¿Desde cuándo se aplica el descuento? El bono social se devenga desde el primer día del ciclo de facturación en el que la comercializadora recibe la solicitud completa con la documentación necesaria.

Aviso legal: Esta información tiene carácter divulgativo y orientativo. No constituye asesoramiento jurídico ni profesional. Los porcentajes, umbrales y plazos pueden variar por cambios normativos; verifica siempre los datos actualizados en las fuentes oficiales (MITECO y CNMC) antes de realizar cualquier trámite.

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Resumen rápido Desde la Ley 8/2021, de 2 de junio (en vigor el 3 de septiembre de 2021), la tutela y la curatela dejaron de ser figuras paralelas. Hoy la tutela está reservada solo a menores de edad no emancipados (en desamparo o sin patria potestad), mientras que la curatela es la medida de apoyo para personas adultas con discapacidad que necesitan asistencia para ejercer su capacidad jurídica. La reforma eliminó la incapacitación judicial y la tutela de adultos: el procedimiento ya no priva de derechos ni sustituye la voluntad de la persona, salvo en casos excepcionales (curatela representativa). Ambas se solicitan ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona, normalmente por la vía de jurisdicción voluntaria, con intervención obligatoria del Ministerio Fiscal.

Si buscas información sobre «incapacitar a un familiar», «tutela de un adulto» o «patria potestad prorrogada», debes saber que esas figuras ya no existen para personas con discapacidad en España. La reforma de 2021 cambió por completo el sistema. Aquí te explicamos qué hay ahora, en qué se diferencian tutela y curatela, y cómo se solicita cada una paso a paso.

Qué cambió con la Ley 8/2021

La Ley 8/2021, de 2 de junio reformó el Código Civil para adaptarlo a la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El cambio de fondo es claro: se pasó de un modelo que sustituía la voluntad de la persona a otro basado en respetar sus deseos y preferencias y promover su autonomía.

Esta ley suprimió del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada por considerarlas figuras demasiado rígidas. También eliminó la «incapacitación judicial»: hoy el procedimiento nunca puede acabar en una declaración de incapacidad ni en la privación de derechos personales, patrimoniales o políticos.

El procedimiento solo determina los actos para los que la persona necesita apoyo. Nunca declara su incapacitación.

Tutela: solo para menores

Tras la reforma, la tutela quedó reservada exclusivamente a los menores de edad no emancipados. Según el artículo 199 del Código Civil, quedan sujetos a tutela:

En la práctica, se nombra tutor cuando, por ejemplo, ambos progenitores han fallecido, están privados o suspendidos de la patria potestad por resolución judicial, o concurren circunstancias graves que les impiden ejercerla.

El tutor es el representante del menor y asume el deber de velar por él: procurarle alimentos, vivienda, vestido, asistencia médica y formación, administrar su patrimonio con diligencia, oírle antes de decisiones que le afecten e informar periódicamente a la autoridad judicial.

Pueden ser tutores tanto personas físicas aptas a juicio del juez como personas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones, entidades públicas) cuya finalidad sea la protección de menores.

[Imagen: familia con un niño en un despacho / Unsplash: «family with child in office meeting»]

Curatela: la medida para adultos con discapacidad

La curatela se regula en los artículos 268 y siguientes del Código Civil y es hoy la principal medida judicial de apoyo para personas adultas con discapacidad. A diferencia de la antigua tutela de adultos, es primordialmente asistencial: el curador acompaña y asiste a la persona en actos concretos, sin sustituir su voluntad.

El artículo 269 del Código Civil establece que el juez solo constituirá la curatela cuando no exista otra medida de apoyo suficiente, y determinará de forma precisa los actos para los que la persona necesita asistencia.

Existe una excepción importante. Cuando, pese a todos los apoyos, la persona no puede expresar su voluntad, el juez puede atribuir al curador funciones representativas para actos concretos (la curatela representativa), que es la figura más parecida a la antigua tutela de adultos, pero siempre limitada a lo que la resolución especifique.

Una garantía clave: todas las medidas de apoyo se revisan periódicamente, en un plazo máximo de tres años (excepcionalmente hasta seis), y siempre que cambie la situación de la persona.

Otras medidas de apoyo que conviene conocer

La curatela no es la única opción. La ley prioriza las medidas voluntarias —las que decide la propia persona— sobre las judiciales:

La guarda de hecho merece mención especial: si un familiar ya atiende adecuadamente a la persona, en muchos casos no hace falta acudir al juzgado para constituir una curatela formal. Solo si el guardador necesita realizar un acto representativo concreto (por ejemplo, una venta) debe pedir autorización judicial puntual.

Diferencias clave entre tutela y curatela

Cómo solicitar la curatela paso a paso

La curatela se solicita ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona con discapacidad. La vía preferente y de inicio es siempre el expediente de jurisdicción voluntaria, regulado en el artículo 42 bis a) y siguientes de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria.

Pasos generales del procedimiento:

1. Presentación de la solicitud ante el juzgado, indicando de forma clara y precisa para qué actos concretos se necesita el apoyo y proponiendo a la persona idónea como curador.
2. Aportación de documentación: datos identificativos, informes médicos, psicológicos o sociales que justifiquen la necesidad de apoyo y relación de los familiares más cercanos.
3. Intervención del Ministerio Fiscal, que actúa en todos los procedimientos velando por los derechos de la persona y por que la medida sea necesaria y proporcionada.
4. Audiencia personal: el juez debe escuchar personalmente a la persona en condiciones adecuadas para que pueda expresarse. Este trámite es obligatorio y es la gran diferencia con el antiguo modelo de incapacitación.
5. Resolución judicial que, si procede, constituye la curatela y designa al curador, especificando los actos para los que se necesita apoyo.

¿Y si hay desacuerdo? Si durante el expediente se formula oposición (hay un plazo de cinco días desde la citación), salvo que se refiera únicamente a quién debe ser el curador, el expediente de jurisdicción voluntaria termina y debe iniciarse el proceso contencioso mediante demanda, conforme a los artículos 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese proceso contencioso es preceptiva la intervención de abogado y procurador.

Cómo solicitar la tutela de un menor

Para los menores, el expediente se tramita también por jurisdicción voluntaria (artículos 43 y siguientes de la Ley 15/2015). Están legitimados para promoverlo el Ministerio Fiscal, la entidad pública de protección de menores y los llamados al ejercicio de la tutela (familiares, personas designadas por los padres en testamento, etc.).

En la solicitud debe indicarse el hecho que da lugar a la tutela (fallecimiento de los progenitores, privación de patria potestad…), aportar los documentos que justifican la legitimación y señalar los parientes más próximos. El juez oirá al menor si tiene más de 12 años o suficiente madurez antes de adoptar decisiones.

Tanto en tutela como en curatela, contar con asesoramiento jurídico facilita un procedimiento que suele ser emocionalmente delicado para la familia.

Preguntas frecuentes

¿Se puede «incapacitar» a un familiar adulto en España? No. Desde la Ley 8/2021 no existe la incapacitación judicial. Lo que se solicita son medidas de apoyo (curatela u otras), que nunca privan a la persona de sus derechos.

¿Qué pasó con las tutelas e incapacitaciones de adultos anteriores a 2021? La ley fijó un plazo para revisarlas de oficio y adaptarlas al nuevo sistema, plazo que venció el 3 de septiembre de 2024. Aun así, las personas afectadas o el Ministerio Fiscal pueden seguir solicitando la revisión en cualquier momento. Mientras no se revise un caso concreto, los antiguos tutores actúan como curadores con funciones de representación.

¿Necesito abogado y procurador para solicitar la curatela? En el expediente de jurisdicción voluntaria no siempre es preceptivo, pero es muy recomendable. Si se formula oposición y el asunto pasa al proceso contencioso, la intervención de abogado y procurador sí es obligatoria.

¿Cuánto dura la curatela? No es indefinida sin control: se revisa cada tres años como máximo (excepcionalmente hasta seis) y siempre que cambien las circunstancias de la persona.

¿Puedo decidir hoy quién me cuidará si pierdo capacidad en el futuro? Sí. Mediante la autocuratela puedes designar en escritura pública ante notario a tu futuro curador, o excluir a determinadas personas, y fijar reglas sobre la administración de tus bienes.

¿Hace falta siempre ir al juzgado? No necesariamente. Si un familiar ya atiende correctamente a la persona, la guarda de hecho puede ser suficiente sin nombramiento judicial. Solo se pide autorización judicial para actos representativos puntuales.

¿Quién controla que el tutor o curador actúe bien? La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. El cargo debe rendir cuentas y puede ser removido si no cumple sus obligaciones en beneficio de la persona protegida.

¿La curatela siempre permite al curador decidir por la persona? No. La regla general es que la curatela es asistencial: el curador acompaña, no decide por la persona. Solo de forma excepcional y para actos concretos el juez puede otorgar funciones representativas.

Aviso legal: Esta información tiene carácter divulgativo y orientativo. No constituye asesoramiento jurídico. La normativa y los procedimientos pueden variar según la comunidad autónoma (algunas, como Cataluña, Aragón o Navarra, tienen derecho civil propio) y las circunstancias concretas de cada caso. Para situaciones específicas, consulta con un profesional del Derecho.

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Resumen rápido El acoso laboral o mobbing es un hostigamiento psicológico en el trabajo que atenta contra la dignidad y la integridad moral del trabajador. Para denunciarlo, el orden recomendado es: reunir pruebas, activar el protocolo interno de la empresa, denunciar ante la Inspección de Trabajo y acudir a la vía judicial (demanda de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Social). Según la gravedad, también cabe la vía penal (art. 173 del Código Penal) y solicitar la extinción indemnizada del contrato (art. 50 del Estatuto de los Trabajadores). Una novedad clave: desde la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT (25 de mayo de 2023), ya no siempre se exige que la conducta sea reiterada; un único acto suficientemente grave puede constituir acoso. Esta guía explica cada paso.

Sufrir acoso en el trabajo es una de las situaciones más desgastantes que existen, porque combina el daño psicológico con el miedo a perder el empleo o a sufrir represalias. La buena noticia es que el ordenamiento español ofrece varias vías de protección, y que actuar de forma ordenada —documentando todo desde el principio— multiplica las posibilidades de éxito. Esta guía recorre qué se considera acoso laboral, cómo probarlo y los pasos para denunciarlo.

Qué es el acoso laboral o mobbing

El acoso laboral, conocido también por el término inglés mobbing, es un conjunto de conductas hostiles, humillantes o intimidatorias ejercidas contra un trabajador en su entorno profesional, con el efecto de degradar sus condiciones de trabajo y atentar contra su dignidad e integridad psíquica.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) lo define como una conducta hostil que genera un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo. Tradicionalmente se exigía que esa conducta fuera sistemática y prolongada en el tiempo, pero ese criterio ha cambiado, como veremos más abajo.

El acoso puede provenir de un superior jerárquico (bossing), de compañeros de igual nivel (acoso horizontal) o, menos frecuentemente, de subordinados hacia un mando (acoso vertical ascendente)

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Conductas que pueden constituir mobbing

Algunos comportamientos habitualmente reconocidos como acoso laboral:

• Insultos, amenazas o descalificaciones reiteradas y sin motivo.
• Aislamiento intencionado del trabajador (no dirigirle la palabra, excluirlo de reuniones o comunicaciones).
• Asignar tareas humillantes, imposibles de cumplir, o vaciar de contenido el puesto (no asignar ninguna tarea).
• Sobrecarga deliberada de trabajo o fijación de objetivos inalcanzables con fines de presión.
• Difusión de rumores, ridiculización pública o críticas constantes ante terceros.
• Control desproporcionado o vigilancia abusiva.

No es acoso cualquier conflicto laboral ni un mal ambiente puntual. La clave está en el carácter hostil y degradante de la conducta y en su finalidad de menoscabar a la persona.

La novedad del Convenio 190 de la OIT

Un cambio importante que muchos artículos todavía no recogen: el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, está en vigor en España desde el 25 de mayo de 2023.

Su aportación más relevante en la práctica judicial es que elimina el requisito de la reiteración que tradicionalmente se exigía. Conforme a la definición del Convenio, un comportamiento puede constituir acoso aunque se produzca una sola vez, si es suficientemente grave. Varios Tribunales Superiores de Justicia ya lo están aplicando en sus sentencias. Esto amplía la protección del trabajador frente a actos aislados pero especialmente graves (por ejemplo, una agresión o una amenaza seria).

El marco legal aplicable

El acoso laboral no está regulado en una única ley, sino que se protege a través de varias normas:

Cómo denunciar el acoso laboral paso a paso

Paso 1: Reunir pruebas

Es el paso más decisivo, porque el acoso suele ser difícil de demostrar. Conviene recopilar y conservar:

• Correos electrónicos, mensajes y comunicaciones que reflejen el trato hostil.
• Testimonios de compañeros que hayan presenciado los hechos.
• Informes médicos o psicológicos que acrediten el impacto en la salud (ansiedad, estrés, depresión).
• Un registro propio y fechado de los episodios (qué, cuándo, quién, quién estaba presente).

En España es lícito grabar conversaciones en las que uno mismo participa, aunque la otra parte no lo sepa, y aportarlas como prueba. Conviene comunicar el acoso por escrito (email o burofax) a superiores o a Recursos Humanos, guardando copia: así queda constancia de que la empresa conocía la situación.

Paso 2: Activar el protocolo interno

Muchas empresas disponen de un protocolo contra el acoso. Notifica la situación por escrito a Recursos Humanos, al comité de empresa o a un superior jerárquico, para que quede constancia formal. Si la empresa no tiene protocolo, o el acoso proviene de la propia dirección, se pasa directamente a las vías externas.

Conviene saber que, tras la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT, los protocolos de gestión de la violencia y el acoso en el trabajo han pasado a ser exigibles también en su dimensión psicológica o moral, y no solo en la discriminatoria o por razón de sexo, que ya eran obligatorios por leyes específicas. La ausencia de protocolo puede agravar la responsabilidad de la empresa.

El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe las represalias contra quien reclama. Cualquier despido, sanción o cambio de condiciones adoptado como respuesta a la denuncia puede ser declarado nulo.

Paso 3: Denunciar ante la Inspección de Trabajo

Puede presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo (con DNI electrónico o certificado digital) o presencialmente. La denuncia no puede ser anónima, pero la identidad del trabajador se mantiene confidencial frente a la empresa.

Un inspector visitará el centro de trabajo para comprobar los hechos. Si se acredita el acoso, puede levantar acta y proponer una sanción administrativa a la empresa. Conviene tener clara una distinción importante: la Inspección puede sancionar a la empresa, pero no puede obligarla a indemnizar al trabajador. Para obtener una indemnización es imprescindible la vía judicial. Por eso ambas vías son complementarias, no alternativas.

Paso 4: Acudir a la vía judicial (Juzgado de lo Social)

Es la vía que produce los efectos económicos más relevantes. El procedimiento específico es la demanda de tutela de derechos fundamentales, regulada en los artículos 177 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Sus ventajas:

• Es urgente y preferente: tiene prioridad sobre otros procedimientos.
• No exige presentar previamente papeleta de conciliación.
• Permite solicitar medidas cautelares, como el traslado a otro puesto o, conforme al artículo 180.4 LRJS, la exoneración de acudir al trabajo durante el procedimiento manteniendo el salario y las cotizaciones (debe aprobarlo el juez).
• Da derecho a una indemnización adicional por la vulneración de derechos fundamentales (art. 183 LRJS), compatible con otras.

Paso 5: Valorar la extinción indemnizada del contrato

Si el trabajador quiere romper el vínculo, el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar judicialmente la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario, con derecho a la misma indemnización que un despido improcedente (33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades; los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 conservan un tramo a 45 días por los años previos a esa fecha) y acceso a la prestación por desempleo. Regla importante: salvo que se conceda la medida cautelar del art. 180.4 LRJS, el trabajador debe seguir acudiendo al puesto hasta que haya sentencia.

La vía penal

Cuando la gravedad lo justifica, el acoso puede denunciarse como delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a dos años. Es una vía independiente de las anteriores y reservada a los casos más serios.

Sanciones a la empresa

En el orden administrativo, el acoso suele calificarse como infracción muy grave en la LISOS. Las infracciones muy graves en el orden social pueden sancionarse, en su grado máximo, con multas que alcanzan los 225.018 euros. Si el acoso se aborda además como incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, las cuantías pueden ser aún mayores. La cifra concreta depende de la calificación y del grado que aplique la Inspección.

Plazos para actuar

Conviene no demorarse. La demanda de tutela de derechos fundamentales se rige por el plazo general de las acciones derivadas del contrato de trabajo: un año (art. 59 del Estatuto de los Trabajadores). Cuando el acoso es una conducta continuada, ese año no empieza a contar hasta el último episodio, no desde el primero. Por su parte, las infracciones administrativas en el orden social prescriben a los tres años desde que se cometen, plazo en el que la Inspección de Trabajo puede actuar. La vía penal tiene sus propios plazos según la gravedad del delito. Como cada vía maneja plazos distintos, lo recomendable es consultar cuanto antes con un profesional para no perder ninguna opción.

Preguntas frecuentes

¿Qué se considera acoso laboral? Es un conjunto de conductas hostiles, humillantes o intimidatorias contra un trabajador que atentan contra su dignidad e integridad psíquica. Puede venir de un jefe, de compañeros o de subordinados.

¿Tiene que ser repetido para ser acoso? Tradicionalmente se exigía que fuera sistemático y prolongado, pero desde la entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT (25 de mayo de 2023) un único acto suficientemente grave puede constituir acoso. Varios tribunales ya lo aplican así.

¿Puedo denunciar mientras sigo trabajando en la empresa? Sí. Puedes acudir a la Inspección de Trabajo y a la vía judicial sin dejar tu puesto. La ley prohíbe las represalias, y cualquier medida negativa de la empresa en respuesta a tu denuncia puede declararse nula.

¿La denuncia ante la Inspección de Trabajo es anónima? No puede ser anónima, pero tu identidad se mantiene confidencial frente a la empresa durante la actuación inspectora.

¿La Inspección de Trabajo me paga una indemnización? No. La Inspección puede sancionar a la empresa, pero la indemnización solo se obtiene por la vía judicial. Por eso ambas vías son complementarias.

¿Cuánto puedo cobrar si gano el juicio? Depende del caso. Si solicitas la extinción del contrato (art. 50 ET) tendrías la indemnización de un despido improcedente, y por la vía de tutela de derechos fundamentales puede sumarse una indemnización adicional por el daño causado (art. 183 LRJS).

¿Puedo grabar a mi acosador? En España es lícito grabar conversaciones en las que tú mismo participas, sin necesidad de avisar a la otra parte, y usarlas como prueba en juicio.

¿Tengo que seguir yendo a trabajar mientras dura el proceso? Por regla general sí, hasta que haya sentencia. No obstante, puedes pedir como medida cautelar (art. 180.4 LRJS) no acudir al trabajo durante el procedimiento cobrando el salario; debe aprobarlo el juez.

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Aviso legal: Este artículo tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada situación de acoso laboral presenta particularidades y plazos que conviene valorar con un profesional. Para consultar la normativa vigente puedes acudir a las fuentes oficiales: Estatuto de los Trabajadores, LISOS, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Código Penal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.